El Valle reclama orden

Así como Cali padeció el embate de la violencia y el vandalismo, ahora son los municipios del Valle los que sufren el asedio de quienes ven en el caos la oportunidad para desestabilizar las instituciones o para extorsionar a los ciudadanos. Sus habitantes, así como quienes transitan por el departamento, reclaman de las autoridades que se use la ley para proteger sus derechos y defender el bien común.

Tres semanas lleva la región bajo el asedio de quienes son expertos en sembrar el terror o aquellos que buscan enriquecerse aprovechando la protesta social para camuflarse. En la última semana, Yumbo experimentó asonadas que destruyeron sitios vitales para el bienestar de empleados y trabajadores como las sedes y colegios de Comfandi, además de la amenaza contra los centros de distribución de combustible para el suroccidente colombiano.

Dos días antes, la Alcaldía de Jamundí y la residencia de su alcalde fueron objeto de la violencia que incendia y destruye, además de bloqueos en las carreteras donde a los ciudadanos se les exige dinero para poder transitar. De otra parte, la vía entre Cali y Buga presenta por lo menos cinco retenes ilegales realizados por quienes dicen ser del paro nacional y la Ciudad Señora ya registra escasez de alimentos y combustibles.

Y el pasado miércoles, Buenaventura fue objeto de una bien planificada operación para asaltar los muelles, bloquear el comercio internacional y sembrar la destrucción, así como vandalizaron los ocho túneles de la vía que conecta a esa ciudad con el interior, mientras delincuentes comunes atacaban y asaltaban. Ante la alarmante situación, su alcalde expresó que hay un propósito de intimidar y extorsionar a los comerciantes de la ciudad, además de un plan calculado para sembrar el terror.

Los casos se multiplican, y en Cali es común ver barricadas en las cuales se cobra y se amenaza a quien pretenda usar su derecho a la locomoción, además de reaparecer los intentos de asaltar supermercados. Después de tres semanas de protestas y diálogos, ya es muy difícil distinguir entre los grupos que reclaman ser escuchados y los bloqueos y expresiones dirigidas a sembrar el caos o a cometer toda clase de delitos.

Por ello, los vallecaucanos les exigen a sus autoridades que hagan respetar el orden en su departamento y que se permita que industrias como la avícola recuperen su actividad o que los ingenios azucareros puedan volver a abrir sus puertas y a transportar sus productos. Son millones de vidas en peligro, millones de empleos que se están destruyendo e incalculables los costos que para la región representa la destrucción sistemática de la cual es objeto el desarrollo construido durante décadas.

El Valle necesita orden, trabajo y paz, y no puede seguir expuesto a la anarquía. Por ello sus mandatarios, en unión con la fuerza pública están obligados a cumplir esa misión ordenada por la Constitución. El asunto no es suspender los diálogos que se han establecido para encontrar salidas a los conflictos, sino ejercer las facultades que la ley les otorga para defender el bien común a todos los vallecaucanos.