El paro en el fútbol

Luego de los intentos fracasados de la agremiación que reúne a los futbolistas por entablar una negociación con la Federación Colombiana y la División Mayor, que agrupa a los equipos de fútbol de nuestro país, empieza a aparecer la posibilidad de un paro en el espectáculo y el deporte que más espectadores mueve en todo el mundo. Bajo el entendido que hay muchos elementos que merecen una discusión para mejorar las condiciones de los deportistas, cabe pedir una reflexión para impedir que se causen daños mayores al deporte y a los deportistas.

Para entender lo que está sucediendo es necesario aclarar los aspectos jurídicos del negocio del fútbol, lo cual empieza por reconocer que se trata de una actividad relacionada con la industria del espectáculo montado alrededor de una actividad deportiva. Y que es una actividad de carácter privada aunque concita el interés público, por lo cual el Estado puede intervenir de manera limitada siempre y cuando se relacione con regulaciones sobre la actividad comercial, o cuando se violen derechos de las partes incluidas en los contratos.

También es claro que los propietarios del negocio son los equipos de fútbol, los cuales han creado asociaciones como la Dimayor para operar y administrar el espectáculo, lo cual implica que los responsables de las relaciones laborales o comerciales con los jugadores son los equipos y no la asociación o la Federación que se encarga de la selección Colombia y de representar al fútbol de nuestro país a nivel internacional.

Lo anterior no es obstáculo para reconocer el derecho de asociación de los futbolistas y la posibilidad de presentar peticiones para mejorar las condiciones de su actividad profesional, como protagonistas que son de ese espectáculo y como personas que tienen una relación de dependencia con los clubes con los cuales firman sus contratos. Ese derecho tiene que ser respetado y como tal debe darse la posibilidad de escuchar y debatir sus peticiones.

En ese sentido, es respetable la petición presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, en nombre de sus más de mil doscientos afiliados. Lo que está ahora sobre la mesa es a quién deben dirigirla, en la medida en que los contratos de los deportistas se realizan con los equipos y no con la Dimayor, así ésta celebre negociaciones en su nombre y los represente o actúe como vocera.

Sin adentrarse en los pedidos expresados por Acolfutpro y las diferencias que hay con los propietarios del espectáculo, lo que debería producirse es un diálogo paciente y civilizado entre las partes. No parece tener sentido que se amenace con las vías de hecho y el protagonismo que no conduce a soluciones y, por el contrario, puede profundizar los problemas que afectan a muchos de los deportistas y a las divisas que a través de décadas se han ganado el cariño y el corazón de los aficionados colombianos.

Por ello es tan necesario el diálogo entre los equipos representados por la Dimayor y la Asociación, vocera de los futbolistas colombianos, como ocurre en otras partes del mundo.