El incidente de la empanada

El incidente de la empanada

Febrero 19, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Los medios de comunicación y las redes sociales han sido abarrotados por el cubrimiento de los hechos que culminaron en la sanción por $883.000 a un ciudadano que compró una empanada en las calles de Bogotá y las reacciones contra lo que se considera un exceso de las autoridades. Aunque ha dado para toda clase de reacciones, de ironías y críticas, el fondo del asunto es más serio y más preocupante de lo que parece.

Es la informalidad que, en este caso, desencadenó un proceso jurídico para recuperar el espacio público conforme a las normas sobre la materia y en uso del recién adoptado Código de Policía. Debe aclararse que antes de la actuación de los agentes que multaron a un ciudadano por comprar una empanada en una venta que ocupaba el espacio público, estuvo la tutela de los vecinos del sector que se quejaron por esa invasión y el desorden que ocasiona.

En esas condiciones, los agentes de Policía despejaron el espacio, acatando la orden emanada de un alcalde menor de Bogotá, aplicaron el artículo 140 del Código de Policía y procedieron a establecer la sanción a quien acusaron de estimular con su compra esa invasión. Lo que se sabe hasta ahora es que esos funcionarios cumplieron con su deber por lo cual no pueden ser acusados de abusos de autoridad o de desconocer los derechos del sancionado.

Hasta allí el mundo formal del incidente de la empanada. El real indica que en toda Colombia son absolutamente normales y forman parte del paisaje las ventas de alimentos y de toda clase de artículos, a la luz pública y no obstante las quejas y demandas que con seguridad habrán instaurado los miles de ciudadanos que se sienten perjudicados por el flagrante incumplimiento de las normas creadas para proteger un bien común a todos, el espacio público.

Los defensores de esa conducta aducen siempre el estado de necesidad de los vendedores informales que inundan el centro de Cali o los corredores del MÍO o los semáforos. En efecto, la inmensa mayoría de esas personas no tienen empleo formal y deben recurrir al ‘rebusque’, palabra que define con exactitud el bazar en que se han transformado las vías, los parques y hasta el transporte urbano en las ciudades de Colombia, vendiendo empanadas, cualquier clase de comidas típicas, artículos de contrabando y productos impulsados por empresas legalmente establecidas.

Esa realidad está por fuera de las consideraciones de planeación urbana para definir el espacio público, y de las normas de Policía para el ejercicio de la autoridad creadas con el fin de restablecer el orden y hacer prevalecer el interés general. Lo que hay es un choque permanente entre lo que se vive en la calle y el derecho creado para propiciar la convivencia y para organizar el funcionamiento de la sociedad.

El incidente de la empanada no ha hecho otra cosa que poner de relieve la confrontación entre la formalidad que crea normas para orientar las conductas sociales y la informalidad que abunda, siendo tolerada por acción o por omisión tanto por los colombianos como por sus autoridades. ¿Cuál se impondrá?

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