El gran enemigo

Como se ha venido insistiendo a través del último año, la ampliación y el crecimiento de la cadena del narcotráfico son el gran enemigo de la paz en Colombia y la amenaza más grande a la estabilidad de la Nación. Y además, es el peor ejemplo de la ineficacia de las instituciones a causa del centralismo que no parece tener en cuenta las alarmas que se emiten en las regiones.

Con las cifras que se reconocen en el Gobierno Nacional, ya es necesario aceptar que fracasó la política antidrogas, y que aunque se insista en el discurso que pretende cambiar su enfoque hacia una perspectiva de salud pública y a ladespenalización, nuestro país vuelve a estar en grave riesgo. Llegar a las 180.000 hectáreas sembradas de coca que estima el Ministro de Defensa, o a las más de 200.000 de las cuales se habla en círculos enterados, no es otra cosa que un llamado para que el próximo Gobierno actúe con decisión para evitar males peores.

Es que el aumento en el decomiso de cocaína no es más que el reflejo de lo que se está produciendo. Y además, el reconocer que llegaron los carteles mexicanos a manejar ya toda la cadena de producción y exportación, además de innumerables grupos que van desde el ELN hasta las bandas comunes, pasando por los disidentes de las Farc, denota la prosperidad del negocio que aprovechó a fondo las ingenuidades y la generosidad con los cuales se manejó la política de sustitución de cultivos.

Por eso, ya no es tiempo para detenerse en análisis sobre si los acuerdos con las Farc fueron claves en esa disparada, o si se debe mantener la suspensión de las fumigaciones y seguir la línea del Ministro que afirma que en el 2023 se logrará bajar en un 50% su estimativo conservador. Más aún, cuando la venta y el consumo internos han llegado a volúmenes alarmantes

A partir del 7 de agosto, al nuevo Presidente le tocará tomar decisiones para detener el crecimiento y la expansión del narcotráfico en Colombia. Allí está una de las claves de los graves problemas que viven Nariño y todo el Litoral Pacífico, reflejados en las elecciones del pasado 17 de junio. Es más de medio país que padece el abandono, que no tiene oportunidades de progreso para enfrentar las economías criminales y además de la presencia de la Fuerza Pública sólo recibe a cambio políticas de subsidio y de apaciguamiento que nunca resolverán su situación.

Como resultado, el suroccidente del país enfrenta graves problemas que desde hace mucho tiempo se reflejan en las estadísticas de muerte y criminalidad en Cali y en toda la región. Es como si en Bogotá no tuvieran en cuenta los reclamos de las autoridades locales del Valle, del Cauca, de Nariño y del Chocó y creyeran que con consejos de seguridad que comprometen a la Fuerza Pública y con declaraciones se resuelve lo que es una crisis ya inocultable.

Esa es la realidad que enfrentará el nuevo Gobierno desde el momento mismo de su instalación. Y es el deber que tienen que asumir los dirigentes públicos y privados de la región para exigir que el Estado le devuelva al Pacífico, en especial al Cauca, a Nariño y al Chocó, las esperanzas de progreso a que tiene derecho.