El final de la legislatura

Diciembre 22, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-22 Por: Editorial .

Luego de muchas críticas y de interrogantes sobre cuál era el verdadero propósito de la iniciativa, el Congreso de la República aprobó el peluqueado y hasta mutilado estatuto electoral con el cual reemplazó una ley de 1986. Fue el último de los resultados de una legislatura que, como en las anteriores oportunidades, no produjo las transformaciones que demandan los colombianos para recuperar la labor del Estado y la atención de los grandes problemas de la Nación.

La norma que fue conciliada el pasado viernes entre la Cámara de Representantes y el Senado no incluyó aspectos que, como la posibilidad de delegar en el Gobierno Nacional facultades para reformar la estructura de la Registraduría o los intentos por incluir ‘micos’ que benefician a algunos sectores políticos, desataron las alarmas. Es claro que siempre estuvo presente sobre el interés de afinar el clientelismo en la organización que cumple el papel de notario de la voluntad popular y la encargada de certificar la elección de los funcionarios que, desde el Presidente de la República hasta los concejales del municipio más pequeño de Colombia, tienen el deber de representar a los colombianos.

Y se logró algo que sin duda es necesario: cambiar un estatuto clave para la democracia, incluyéndole algunas decisiones que defienden la transparencia. Otras de esas decisiones son de un tono acentuadamente populista, inoficioso y fuera de contexto como exigir que las listas tengan una participación igualitaria de hombres y mujeres, lo cual tiene visos de inconstitucionalidad por establecer una paridad que no está en la carta magna y cuya diferencia tiene más bien raíces culturales.

Debe reconocerse también que se impidieron los intentos por fortalecer los espacios que permiten la permanencia de vicios como la compra de votos, al excluir la propuesta de permitir el voto anticipado y a distancia. De otra parte, fue notoria la intervención del Registrador Nacional del Estado Civil en el trámite de la nueva ley, algo que no debió ocurrir y sólo se explica por el origen de su designación, una elección de los miembros del Congreso y representantes de los partidos con asiento en el Legislativo.

Así se cumplió el trámite de la reforma electoral. Luego vendrá la sanción presidencial y si no hay objeciones empezarán las demandas contra muchos de los aspectos incluidos en ella. Como ha ocurrido durante muchas legislaturas queda pendiente la reforma política profunda con la cual se defienda ante todo la credibilidad de una actividad que es la esencia misma de la democracia y por lo tanto demanda transparencia y grandeza antes que el constante afán por acomodar la representación de los electores a la voluntad de algunas castas políticas.

Y de nuevo, quedó aplazada también la reforma a la Justicia a pesar de los anuncios del gobierno o de algunos partidos que lo acompañan. Al parecer, esa obligación sigue enfrentando la tozuda oposición de algunos jueces, magistrados y dirigentes políticos. Esas reticencias son las que hacen que los colombianos se distancien del Estado de derecho o pierdan el interés en las instituciones.

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