Tregua efímera

Los recientes ataques a la Fuerza Pública así como las violentas protestas promovidas por el Clan del Golfo en la región del Bajo Cauca, demuestran que no existe ninguna voluntad de diálogo ni disposición de esa organización criminal para llegar a un acuerdo por la paz total. Por ello la decisión del presidente Gustavo Petro no podía ser diferente a suspender de inmediato el cese al fuego bilateral decretado a principio de este año.

El hostigamiento con fusil a un grupo de la Policía Nacional destinado a custodiar las carreteras del norte de Antioquia, donde desde hace tres semanas, y en el marco de un supuesto paro minero se realizan bloqueos, se queman vehículos y se agrede a la población que pretende movilizarse, llevó a que el mandatario de los colombianos derogara el decreto que estableció a partir del 1 de enero una tregua con el Clan del Golfo.

En este tiempo quedó claro que la suspensión de toda acción militar en su contra fue aprovechada por las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia para fortalecer su presencia en algunas partes del territorio nacional, evitar la persecución de las actividades ilegales de las que se lucra, como el narcotráfico y la minería ilegal, y tratar de imponer su propio orden en regiones como el Bajo Cauca. Mientras tanto las Fuerzas Armadas quedaron maniatadas, sin poder reaccionar a lo que se convirtió en un desafío a la autoridad.

La situación que afecta a 16 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar no parece aislada. Coincidiendo con la decisión presidencial de decretar el cese al fuego con cinco organizaciones criminales, explicada por el Gobierno en la urgencia de facilitar unos acercamientos que deriven en negociaciones de paz, varios alcaldes y gobernadores han denunciado el recrudecimiento del orden público en sus regiones.

Además del Clan del Golfo, en departamentos como Arauca, Putumayo, Meta, Cauca y Caquetá, las disidencias de las Farc, entre ellas el Estado Mayor y la Segunda Marquetalia, y el Eln que rechazó la tregua bilateral pese a que es el único grupo sentado hoy en la mesa de diálogos, realizan a diario ataques en contra de la Fuerza Pública o amedrentan a la población. Por ello los mandatarios seccionales reclaman “Orden y Libertad”, en alusión a la frase que acompaña el Escudo nacional, y exigen que se restablezca la tranquilidad en sus regiones como lo demanda un Estado de Derecho.

Los acontecimientos recientes no le dejaron otra salida al Mandatario de los colombianos que ordenar al Ministro de Defensa y a los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía que aumenten su presencia en el Bajo Cauca, reactiven la persecución contra el Clan del Golfo y protejan esa zona de Colombia. Una decisión similar es la que se espera en el resto del país, en particular en aquellas regiones bajo ataque de los grupos criminales beneficiados hoy por el cese al fuego bilateral.

Queda demostrado que los buenos propósitos que seguramente impulsan al presidente Gustavo Petro en su búsqueda de la paz total para la Nación, ideal que comparten los colombianos, no pueden llevar a ceder territorios, a impedir la labor de la Fuerza Pública ni a actuar con ingenuidad frente al crimen organizado.