El desafío de la violencia

Cada día sin homicidios en Cali es un respiro en medio de la cruenta violencia que padece la capital del Valle. El pasado martes 26 de septiembre, fue uno de ellos. Esa, que es la excepción a la regla, no debería, sin embargo, alegrar a una ciudad que suma en lo corrido de este año 753 crímenes registrados.

Ayer se conoció el más reciente informe del Observatorio de Seguridad de Cali, en el que se presentan las estadísticas de homicidios desde el 1 de enero hasta el 26 de septiembre de 2023, mientras se hace un comparativo con el mismo periodo en años anteriores. Si bien la curva ha bajado en general, cuando se revisan los números del 2022 y se cotejan con los actuales queda en evidencia el incremento que se presenta.

A tres meses de concluir el año, ya se sabe que será imposible cumplir con la meta de la Alcaldía de reducir la cifra anual a menos de 800 asesinatos. Si la tendencia sigue igual, en los próximos 90 días, incluidos los de diciembre, uno de los meses más violentos del año, se podrían presentar entre 200 y 250 homicidios más, con lo que se superarían los registros de todo el 2022.

Ello significa que las causas de la violencia endémica que padece Cali siguen intactas y que no se hacen los esfuerzos suficientes ni se invierten los recursos necesarios para hacerle frente a la inseguridad, al crimen organizado y a la delincuencia común. De igual manera, se demuestran las fallas en las políticas sociales locales, que deberían estar dirigidas a brindar oportunidades a la población, en especial la más joven, para evitar que se convierta en blanco fácil de la criminalidad.

Es por todos conocido que en los cuatro años que está por completar la actual Administración Municipal el presupuesto destinado a la seguridad fue disminuyendo paulatinamente, mientras fueron insuficientes los esfuerzos para gestionar los proyectos que reclamaban los caleños para su tranquilidad. En 2023 apenas se aforaron $65.490 millones, los recursos más bajos entre las principales capitales del país.

Esa escasez impidió cumplir con el arreglo de las cámaras de vigilancia o la compra de las nuevas unidades que se necesitan. Tampoco alcanzó para reemplazar los vehículos de la Policía que han salido de circulación en este cuatrienio o para aumentar el pie de fuerza para la ciudad, que apenas llega a 312 agentes por cada cien mil habitantes.

A ello se suma que, pese a la compleja situación que vive la capital del Valle, epicentro de la criminalidad en el suroccidente colombiano y donde converge toda clase de violencia, el Gobierno Nacional aparece ausente y sin asumir la responsabilidad que le corresponde. La tarea de brindar las soluciones que exige la situación, queda en la práctica en manos de quien elijan los caleños para dirigir los destinos de la ciudad a partir del próximo 1 de enero.

Mientras tanto, la ciudad seguirá contando los asesinatos, viendo cómo crece la curva de homicidios per cápita y sin ningún motivo para alegrarse o sentirse tranquila cuando pasa un día sin que se presente un crimen.