El derecho a protestar

La represión en el despótico régimen de Daniel Ortega no tiene fin. Justamente cuando esta semana se anunciaron nuevas manifestaciones, entre ellas una denominada ‘Nicaragua en Rebeldía’, Ortega, declaró la prohibición de las protestas que exigen su salida del gobierno.

Y no satisfecho con coartar la libre expresión de su pueblo, el mandatario amenazó con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones. Todo un decálogo del perfecto dictador que se ufana de haber combatido en tiempos de Somoza. Qué frágil es su memoria.

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses, desafiando la represión instaurada por el gobierno, han exigido en las calles el final de un régimen autoritario y corrupto que ha apuntado los fusiles contra su pueblo. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 326 personas, en su mayoría civiles han muerto por la persecución desatada por fuerzas paraestatales.

Miles de manifestantes cierran calles, instalan barricadas para denunciar la forma en que Ortega se adueñó de los poderes públicos e instauró una dinastía familiar, en la que su esposa y también vicepresidenta Rosario Murillo persigue a quienes se atrevan a confrontar el régimen.

Hoy existen pocas diferencias entre la dictadura somocista de los años 70 y el actual gobierno que pretende ilegalizar las protestas, encarcelar a los opositores e instaurar una casta familiar que controle a Nicaragua. Las amenazas de Ortega a los empresarios que decidan sumarse al paro nacional acusándolos de querer imponer un “terrorismo económico” es un ardid ya utilizado por su colega del Socialismo del Siglo XXI, Nicolás Maduro.

Las persecuciones en el país centroamericano son pan de cada día. Amparado en una ley aprobada en julio pasado y que fue cuestionada por la ONU, las autoridades nicaragüenses han detenido a más de 200 personas señaladas de terrorismo. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra puede ser aún mayor, porque los subregistros por miedo a denunciar las desapariciones y detenciones son muy altos.

Mientras el régimen de Ortega asfixia a Nicaragua, la comunidad internacional sigue denunciando. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONU expresaron que requerir autorización previa para manifestarse es incompatible con los derechos de expresión, reunión y asociación. “Una marcha pacífica no puede declararse ilegal previamente con el fin de criminalizarla”, advirtió el relator de la CIDH para la libertad de expresión.

También el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso legislativo para sancionar a Ortega y su corte por las graves denuncias de violación a los derechos humanos, lo que ha desatado la furia del régimen que ahora exige respeto a la soberanía nicaragüense.

Parece que por fin el cerco ha comenzado a estrecharse para la tiranía de Ortega. Es hora de que acabar con sátrapas que gobiernan un país como si fuera su finca de recreo, en la más absoluta impunidad. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir en libertad y sin temor a que la protesta conlleve a su muerte, detención o desaparición.