El crimen multinacional

La captura en el norte de Cali de un integrante de la Ndrangheta, la mafia italiana, es apenas una muestra de lo que sucede en el Valle y su capital con la presencia de multinacionales del crimen organizado. No deja duda, además, que en esta región está el epicentro del narcotráfico en Colombia, pero también el del negocio ilícito de armas o el de la minería ilegal.

La Ndrangheta es apenas una de las organizaciones internacionales criminales que se mueven por el territorio. De los carteles de la droga mexicanos como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o los Zeta se conocía que estaban, de tiempo atrás, en el sur del Valle y el norte del Cauca, pero solo ahora se habla de las mafias de Europa del Este, de las brasileñas, de las ecuatorianas o venezolana, de cómo tienen conformados los tinglados ilegales de los que se lucran y así mismo de su relación con grupos delincuenciales que se creía operaban solo en sus zonas.

Cuando se comprende la magnitud de lo que pasa en el suroccidente colombiano con quienes manejan los múltiples negocios ilícitos, es cuando se llega al meollo de la violencia en Cali, en Buenaventura o en Jamundí.

Además de los carteles de las drogas locales o regionales, la cadena se alimenta con los grupos armados al margen de la ley -como las disidencias de las Farc o el Eln- que se encargan de la producción y de cuidar los corredores por donde se saca hacia el Pacífico, mientras las mafias extranjeras se apoderaron de la distribución y las exportaciones de estupefacientes, pero también están detrás de la minería ilegal y de la importación ilícita de armas.

En Cali se lava el dinero mal habido, se ajustan cuentas a través de las oficinas de sicarios y se esconden los cabecillas de las organizaciones criminales. El puerto de Buenaventura es el enclave del tráfico de drogas, donde no parece haber ley ni autoridad porque todos saben qué sucede, por dónde salen o entran los cargamentos ilegales y cómo la cadena está infiltrada por bandas locales para facilitar el trabajo.

Es difícil reconocer algún logro del Estado sobre el crimen organizado multinacional que opera en el Valle y en el suroccidente del país. Si bien las incautaciones de cargamentos han crecido en los meses recientes, la producción de cocaína o marihuana lo hace a la par, como también la violencia que genera la ilegalidad.

A las Fuerzas Armadas, sin duda comprometidas con la lucha contra el narcotráfico y los diversos negocios ilícitos que giran a su alrededor, no se les entregan los recursos necesarios para hacer su tarea con la efectividad que demanda la sociedad colombiana. Mientras tanto, decisiones o políticas del actual gobierno, como la fallida paz total que le abrió de par en par las puertas a los grupos al margen de la ley, minan constantemente la moral de las tropas.

Poco pueden hacer los gobernantes locales y regionales para combatir de forma directa a las mafias multinacionales o garantizar la seguridad y el orden público, si el Gobierno Nacional no toma las riendas -con firmeza, efectividad y recursos-, de la ofensiva contra sus múltiples formas del crimen. El riesgo aumentará si, como se prevé, Estados Unidos descertifica al país y sigue reduciendo las ayudas a Colombia.

Hay que reclamar, entonces, más compromiso del Estado Central para con la seguridad del Valle, del Pacífico y del Suroccidente, que empieza por perseguir sin cuartel a quienes encontraron en la región un paraíso para esconderse, lucrarse ilegalmente y desplegar su violencia.