El árbol de Navidad

A pocos días del debate que definirá el Plan Nacional de Desarrollo, las expectativas sobre lo que se apruebe crecen en la medida en que se le agregan más artículos. Pueda ser que la aprobación no lleve a desvirtuar los objetivos que se trazó el Gobierno Nacional en su propuesta inicial.

Mil ciento sesenta y cinco páginas que incluyeron 183 artículos constituían el proyecto, calificado como ‘El Pacto por Colombia. Pacto por la Unidad’. En su presentación se habló de mil cien billones de pesos de inversión en los próximos cuatro años, de 25 pactos y de “una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfrutar de una vida digna”. Y luego de plantear lo que se propone para mejorar las condiciones que hacen posible ese objetivo, se expresó la ecuación “legalidad+ emprendimiento = equidad” como la base para lograr sus metas, incluido lo que debe ser el desarrollo de las regiones colombianas.

A partir de ese momento, el Plan se ha ampliado hasta ahora a 349 artículos, algo que no debe extrañar pues forma parte de la tradición legislativa. No debe olvidarse que la norma que salga del Congreso tiene la característica de ser una ley marco, lo cual le otorga la posibilidad de adoptar reformas a los más diversos temas de la acción estatal que no necesariamente tengan una unidad temática ni deban ser coherentes con la propuesta original.

Debido a eso, se presentaron propuestas como la de crear una estampilla para “el bienestar del adulto mayor”, y otra que amplía la posibilidad de autorizar a muchos de quienes cotizan en los fondos privados de pensiones a cambiarse a Colpensiones, lo que significaría un nuevo y peligroso esfuerzo fiscal para la Nación. Aunque el revuelo ya obligó a retirar esa propuesta, ahora quedan otras que siguen causando alarma.

Se sabe por ejemplo que existe una propuesta para reducir el IVA a los combustibles, lo que le costaría al erario dos billones de pesos por año y no se sabe si beneficiará a los consumidores. De otra parte, el debate está encendido ante la propuesta de crear una sobretasa al consumo de energía para pagar la quiebra de la Electrificadora del Caribe, o de destinar un porcentaje de los impuestos catastrales que la Constitución reconoce como patrimonio de los entes territoriales para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Así mismo, apareció un arancel a las importaciones de textiles, que alarma a los gremios del comercio y la industria. Y se habla de establecer facultades extraordinarias para que el Gobierno modifique algunas entidades, entre las que se encuentra la supresión de la facultad que tiene Planeación Nacional para intervenir en la autonomía presupuestal.
Además de esas propuestas, son muchos otros asuntos incluidos en la ponencia que deberá aprobarse antes del próximo 7 de mayo. Es de esperar que exista la sindéresis necesaria para evitar que se convierta en una especie de árbol de Navidad lleno de regalos e impuestos que no permiten cumplir el objetivo de progreso que propone el Plan de Desarrollo.