Descertificación anunciada

A pocos tomó por sorpresa la descertificación de Colombia. Mientras el número de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos alcanza cifras récord en el país con 253.000, la erradicación está en niveles mínimos y la producción de drogas ilícitas supera las 2700 toneladas anuales. Por ello, era previsible que se retrocediera tres décadas en el tiempo, es decir, a la última vez que la Nación perdió el apoyo de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.

Si bien en principio no habría afectación a los recursos de cooperación, en lo que pareciera una gabela extendida por Washington mientras observa la reacción del gobierno del presidente Gustavo Petro a su decisión, la situación podría cambiar en el corto tiempo. Es una especie de prueba a la que se le pondría punto final si no se endereza el rumbo de la guerra que libra la nación contra el cultivo, la producción y el tráfico de estupefacientes, pero también contra las mafias y los grupos criminales que se nutren del negocio ilícito.

Para los Estados Unidos parece claro que las políticas de Gustavo Petro contra el narcotráfico no han funcionado. Y que tampoco ha ayudado su empecinamiento en lograr una ‘paz total’ al costo que sea, incluido el de abrirle las compuertas a organizaciones armadas al margen de la ley o a la delincuencia organizada, que han aprovechado para expandirse y para que el camino de la Justicia quede tapizado de impunidad.

Las palabras de Trump una vez se oficializó la descertificación fueron directas: “El fracaso de Colombia en el cumplimiento de sus obligaciones a lo largo del último año recae únicamente en su liderazgo político”. Mientras que el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, fue contundente al asegurar que si bien nuestra nación ha sido un socio “histórico e importante”, “ahora tiene un presidente que, además de actuar de manera errática, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentar a los carteles de la droga”.

Si algo quedó claro en el documento de descertificación, es que el Gobierno de Estados Unidos reconoce el sacrificio y la guerra que libran la Fuerza Pública así como los municipios y territorios en la lucha antinarcóticos. Es en ciudades como Cali o Jamundí, en departamentos como Cauca y Valle, donde se libra la batalla más cruenta contra el narcotráfico y contra grupos ilegales, como las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, que intervienen en el negocio maldito.

Aquí no se trata de “arrodillarse” o no al gobierno de Estados Unidos, que sin duda tiene su cuota de responsabilidad al no controlar el consumo de estupefaciente en su sociedad. Si Colombia no recibe los recursos económicos de cooperación o estos son recortados, la capacidad de sus Fuerzas Armadas para combatir al tráfico de drogas ilícitas se verá aún más disminuida, mientras los efectos se sentirán sobre programas de seguridad, asistencia técnica, justicia, desarrollo económico y social, que se apalancan con los US$ 450 millones que hoy aporta la nación norteamericana.

Este es el momento de reconocer que Colombia no puede sola en esta guerra que lleva décadas dejando miles de muertos, comunidades destruidas y una estela de sangre imparable. La lucha contra el narcotráfico tiene que mostrar compromiso y a la vez resultados, para que no se pierdan los tan necesarios recursos internacionales de cooperación.