Democracia y medio ambiente

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Democracia y medio ambiente

Diciembre 13, 2019 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

El derecho a la información veraz y oportuna, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso permanente a la Justicia son algunos de los principios que rigen la democracia. Así como se aplican a cualquier asunto que tenga que ver con la sociedad, deben estar presentes en todo lo relacionado con el medio ambiente.

En ello se centra el Acuerdo de Escazú firmado esta semana por el Presidente de Colombia. El documento, listo desde marzo del 2018 luego de tres años de trabajo y consenso entre 20 naciones, es el primer esfuerzo conjunto de América Latina y el Caribe para actuar como bloque continental en materia medioambiental, y es pionero en el mundo en cuanto a la decisión de proteger los derechos humanos y garantizar la aplicación de la Justicia cuando esos derechos relacionados con el medio ambiente sean vulnerados o motivo de conflicto.

En esencia el Acuerdo establece unos estándares regionales basados en la transparencia, la participación y la igualdad a la hora de formular las políticas públicas sobre medio ambiente. Su propósito es asegurar la intervención de la población en las acciones que se emprendan, siempre bajo el principio de que es la sociedad a la que se debe proteger y la que tiene el derecho de vivir en un planeta sano y sostenible.

El primer paso para ello es garantizar el acceso a la información, lo cual significa que se les debe contar a todas las personas cuáles son los proyectos o hechos que pueden impactar sus recursos naturales. La idea es que quien está bien informado tiene la capacidad de saber si él o su entorno serán perjudicados, y si debe hacerse partícipe de las decisiones que se tomen.

El siguiente punto es tener unos organismos judiciales que conozcan bien sobre legislación ambiental y estén dispuestos a defender con presteza a los ciudadanos. En la primera fila de las preocupaciones del Continente debe estar el amparo de quienes deciden hacer suya la causa del medio ambiente y liderar la conservación de sus territorios. Colombia conoce como ningún país la amenaza que representan para sus recursos naturales y para quienes los defienden, actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación, que además del daño que ocasionan arrebatan tierras y desplazan comunidades.

Lo que se ha acordado en el documento suscrito en la ciudad costarricense de Escazú no es nada diferente a aplicar los principios de la democracia, con el objetivo de preservar la riqueza natural regional, que es única y marca una de sus mayores diferencias con el resto del mundo. Al actuar en conjunto se garantizará la protección de un medio ambiente que no conoce de fronteras físicas ni políticas.

Si bien la firma de Colombia llega un año más tarde que la de la mayoría de países latinoamericanos, se demuestra el compromiso asumido por la Nación en la protección de los recursos naturales, de la sostenibilidad y de su sociedad. El paso siguiente es tramitar cuanto antes en el Congreso de la República la ley que ratifique el Acuerdo para que la Nación comience a aplicarlo.

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