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Democracia o vandalismo

La lección que dejó la jornada de violencia de ayer debe ser aprendida para evitar que se repitan esos desafueros. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que el Estado les garantice su tranquilidad, y los derechos a la protesta no pueden ser usados para la destrucción y el ataque contra la sociedad

28 de abril de 2021 Por: Vicky Perea García

Cali padeció ayer la peor demostración de vandalismo y de delincuencia organizada que aprovechó la protesta social para sembrar el caos y la destrucción. Ese puede ser el resultado más prominente de un paro convocado por las centrales obreras y Fecode hace varios meses que luego transformaron en el vehículo para expresar el rechazo a la reforma tributaria.

Para los promotores del paro no tenía importancia definir contra qué se iba a protestar ni la salud de quienes participaran en las demostraciones masivas que tuvieron lugar en casi todas las ciudades colombianas. Su objetivo era convertirlo en un instrumento político que les sirviera para su propósito de ser protagonistas y crecer su capacidad de presión ante el Gobierno Nacional.

Eso dio paso a que el vandalismo y las organizaciones que pretenden desconocer el Estado de Derecho se tomaran las calles de Cali desde las seis de la mañana, empezando por el ataque de un grupo de indígenas que trataron de destruir la estatua de Belalcázar pronunciando arengas de odio y discriminación y aprovechando la actitud de las autoridades. Luego, el caos, el desorden y la violencia se fueron tomando las calles de la ciudad, y el saqueo llegó a empresas y edificios públicos y privados como la Alcaldía, el transporte público y la sede de la Dirección Nacional de Impuestos, así como varios supermercados y oficinas bancarias.

Difícil entender que los gobernantes locales no hayan anticipado la acometida del vandalismo que llenó de terror e indignación a los habitantes de la capital del Valle. Durante más de seis horas, los caleños debieron soportar el embate de turbas en muchos casos bien organizadas que atacaron, destruyeron, robaron y retaron las unidades de Policía que trataban de contener la oleada de atentados vandálicos, hasta que el alcalde debió ordenar el toque de queda, algo que siguieron desafiando por varias horas los grupos organizados para generar más caos.

Tal situación es inaceptable para una ciudad como Cali que se supone tiene los recursos económicos y logísticos para enfrentar esas expresiones de violencia, además de los instrumentos necesarios para anticiparse a ellas. Y debe reclamarse también que en el nivel nacional no exista la sensibilidad suficiente y oportuna para entender el punto de vista de los colombianos que no están de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria presentado hace pocos días al Congreso de la República, lo que sin duda le entregó muchas simpatías al paro que tuvo lugar en las grandes ciudades de Colombia.

La lección que dejó la jornada de violencia de ayer debe ser aprendida para evitar que se repitan esos desafueros. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que el Estado les garantice su tranquilidad, y los derechos a la protesta no pueden ser usados para la destrucción y el ataque contra la sociedad. Libertad y Orden, lema de nuestro escudo nacional, significa ejercer las prerrogativas que ofrece la democracia respetando los derechos de los demás, bajo la vigilancia y protección, prudente pero efectiva, de las autoridades legítimas que son elegidas para cumplir esa misión.

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