Defender al Cauca

El pasado miércoles, El País publicó una entrevista con la Secretaria de Gobierno del Cauca acerca de la situación que se vive en el Norte de ese departamento. Por sus afirmaciones puede vislumbrarse la necesidad de actuar para recuperar el orden público, la tranquilidad de sus habitantes y el respeto por los derechos en la zona.

Según la doctora Maribel Perafán, la presencia de múltiples grupos armados ilegales ha sembrado el miedo entre los pobladores de la región. Y como ocurre en muchas zonas del suroccidente colombiano, el centro del problema parece estar en las disputas por el control del narcotráfico, de sus rutas y de los cultivos ilícitos, así como de la minería ilegal.

La funcionaria se refirió a los municipios de Miranda, Corinto, Morales, Cajibío y Suárez, en los cuales se presentan desde escaramuzas frecuentes hasta batallas protagonizadas por disidencias de las Farc enfrentadas entre sí. En ese conflicto se encuentran también las bandas criminales asociadas con carteles mexicanos y, por supuesto, facciones pertenecientes al ELN que se empeñan en copar los espacios dejados por el grupo guerrillero que negoció con el Gobierno Nacional en La Habana.

Como dice la señora Secretaria de Gobierno, y lo ratificó una comisión de la ONU y de la OEA en su visita a Suárez, la situación es apremiante.Lo que se está produciendo es una tan grave que no puede ser ignorado, y a ello debe sumarse el consuetudinario intento de algunos grupos indígenas que desde hace años pretenden desconocer los derechos de los propietarios de tierras adquiridas con justo título. Para ello utilizan invasiones, destrucciones de cultivos y amenazas que obligan al desalojo de las fincas con la consecuente pérdida económica y social que ello acarrea.

Esa es la voz de los representantes del gobierno del Cauca, que se suma al reclamo de comunidades pacíficas amenazadas por una violencia de todo tipo, la cual llega hasta la quema de buses de transporte público a las empresas que no paguen la extorsión a la cual son sometidas. Sus ecos repercuten en el departamento del Valle y a Cali, donde se reflejan las consecuencias de esa escalada de hechos violentos que destruyen la tranquilidad en una zona ligada a nuestra ciudad.

Por supuesto, la Fuerza Pública está haciendo un gran esfuerzo para tratar de neutralizar la embestida de la ilegalidad en el Norte del Cauca, y de enfrentar a las facciones en disputa. Pero no cabe duda que el Estado, empezando por el Gobierno Nacional, debe actuar con mayor decisión para impedir los desplazamientos que se están produciendo y garantizar la vigencia de las instituciones en la región norte caucana.

Es el momento para evitar que la ilegalidad y la violencia repitan lo que está sucediendo en zonas como el Catatumbo o el litoral Pacífico. Y de darle tranquilidad a los miles de habitantes de una región que debe ser protegida de la amenaza que significa el afán de reemplazar el Estado de Derecho por el imperio de la delincuencia, la violación de los más elementales principios de la convivencia y la implantación de la ley del más fuerte.