De nuevo, los vándalos

Y se repitió lo que era previsible: el vandalismo hizo presencia el sábado por la noche cerca al hotel donde se hospedó el Atlético Nacional, y atacó en los alrededores del estadio Pascual Guerrero antes del partido celebrado el pasado domingo. Y ante la derrota del América desató una asonada que puso en peligro la integridad de su entrenador, de los deportistas de ambos equipos y de las decenas de miles de personas que asistieron a una justa deportiva como las que tantas veces se han celebrado en la capital vallecaucana.

De nuevo, la zozobra se tomó a los aficionados, a los vecinos del estadio y a toda la ciudad, mientras la Policía debía emplearse a fondo para contener la barbarie e impedir que causara los estragos a los cuales nos acostumbraron las llamadas barras bravas. Fue la violencia que, repetimos una y mil veces, no puede justificarse jamás en la derrota en un partido de fútbol o la inconformidad con los directivos de cualquier equipo.

Ganar o perder es la esencia misma del deporte, y los resultados deben aceptarse para que haya paz y convivencia. Eso es lo contrario a lo que ocurrió el domingo o el ataque que un grupo de personas que se movilizaba en moto el sábado por la noche trató de realizar contra la delegación del equipo antioqueño. La invasión a la gramilla del Pascual Guerrero, que no fue instigada por hinchas del Nacional como lo insinuó en una emisora el alcalde de Cali, fue ante todo producto de la violencia de esas agrupaciones que se tomaron las banderas de los equipos del fútbol colombiano y siembran la anarquía y el terror de manera impune.

Eso no es deporte, ni puede tratarse con paños de aguas tibias o con contemplaciones que destinan miles de millones de pesos de los recursos públicos para apaciguar a los violentos que se escudan en las divisas. Eso es vandalismo puro que atemoriza a la sociedad, que deja saldos de muerte y destruye la imagen de la que se ha llamado la Capital Deportiva de América y está a pocos días de recibir las delegaciones de los Juegos Panamericanos Juveniles, los cuales se celebrarán en el mismo escenario de los lamentables hechos del pasado fin de semana.

Lo que procede ahora es una sanción ejemplar contra quienes propiciaron el ataque, incluida la judicialización de sus promotores y participantes, además de las medidas que sean del caso para evitar que las barras bravas sigan acabando con la afición deportiva y sembrando la destrucción. Es ya imposible seguir desgastando el principio de autoridad en la justificación de quienes causan tragedias frecuentes, o exponiendo a los policías a tener que enfrentar el desafuero y la violencia en cada partido que se juega en Cali.

Las facultades que la ley confiere a las autoridades municipales y a los jueces está dirigida a proteger a toda la sociedad antes que a tolerar a quienes la ponen en peligro y hacen del fútbol en Cali un motivo de discordia, de violencia y de terror. Eso es un mandato constitucional que no admite renuncias y debe ser cumplido por encima de las tendencias políticas o de las consideraciones ideológicas del gobernante de turno.