Corrupción y libertad

Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia hicieron público el documento ‘Así Se Mueve la Corrupción’, una radiografía de lo ocurrido entre el 2016 y el 2020, que debe estremecer la conciencia de los colombianos. Y que explica el interés por silenciar a los medios de comunicación mediante un artículo de en un proyecto de ley anticorrupción que protegerá a los corruptos.

El informe se basó en 2026 notas de prensa que reportan 967 hechos de corrupción definidos como “el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular de actores legales y/o ilegales en detrimento del interés colectivo”. Son hechos que en los cuales se perdieron $92,5 billones, de los cuales se han recuperado apenas $4,9 billones a pesar de tener en Colombia centenares de órganos de control de vigilancia y de sanción.

De esos hechos, el 44% afectaron la Administración Pública, 27% a la política, 10% al sector judicial y 19% al sector privado que se vincula con la gestión de las ramas del poder público. Para ello se utilizaron mecanismos que benefician el interés personal o las organizaciones políticas en detrimento de las clases sociales menos favorecidas y del interés común a todos los colombianos.

Dice el informe que “En la Corrupción Política también se constata el intercambio de votos por favores, contratos, empleos, entre otros (…). Por esta vía, los recursos públicos que deberían utilizarse para el bienestar de la población, adquieren un trasfondo político al ser destinados a un financiador, un amigo o un familiar de un mandatario o servidor. Esto lleva a que primen los intereses particulares en la contratación, el manejo de los recursos y el acceso a cargos públicos, a través de prácticas como el clientelismo y el nepotismo”.

Mientras define la corrupción privada como un abuso de poder o de confianza que parte de actores representantes del sector privado generando un detrimento del interés general, el documento describe las múltiples formas en las cuales las organizaciones de carácter privado explotan la contratación pública y la cercanía con el Estado. Y confirma cómo los contratos son la vía más expedita para desangrar las arcas oficiales.

El contenido del documento demuestra el daño que causa un fenómeno al cual debe ponerse fin. Y sus autores reconocen que el ejercicio fue posible “gracias a la libertad de expresión y prensa, el acceso a la información y la denuncia ciudadana”.

Coincidiendo con el informe, quienes tramitan un proyecto de ley anticorrupción incluyeron un artículo con el cual pretenden silenciar a quienes denuncien hechos de corrupción, dirigido a proteger a los funcionarios y sus familiares. Con ello esperan aplicar los delitos de injuria y calumnia, y hasta la expropiación o cancelación de licencias y la extinción de los medios que lo hagan.

Es toda una estrategia inaceptable y antidemocrática para callar lo que el informe de Transparencia Internacional y Transparencia Por Colombia muestra, basado precisamente en la libertad de expresión que defiende el interés general contra la corrupción y el abuso de poder.