Contra la confusión

Escuchar este artículo

Contra la confusión

Noviembre 18, 2019 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

La sanción de la Ley 2000 de 2019 es la reafirmación del sentido que debe tener la política contra el narcotráfico que azota las calles, genera violencia y amenaza con contaminar a los menores para convertirlos en su mercado. Con ella debe terminar el confuso ambiente creado por las interpretaciones y por la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el porte de la que llamó dosis de aprovisionamiento.

Luego de la polémica que generó la citada sentencia, era necesario y urgente dejar claro a qué se refiere la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y porte de sustancias sicoactivas y en qué sitios pueden realizarse sin que produzcan daño a la sociedad. En ese sentido, la ley precisó que tales actividades no pueden realizarse en espacios cercanos a los centros educativos donde se encuentren menores de edad, en las zonas históricas, así como en aquellas declaradas de interés público o de interés general.

También ordenó a los acaldes definir con precisión las áreas que serán objeto de las prohibiciones citadas ordenando que se fijen avisos con los cuales se informe de las medidas. Y precisó que ese consumo puede impedirse en las áreas comunes de los condominios y unidades de propiedad horizontal, entregándole a los consejos y asambleas que las dirigen la potestad de definir esas zonas. En cada caso creó las sanciones y multas a las que se harán acreedores quienes infrinjan las normas contempladas en el Código de Policía y aclaradas por la ley sancionada el pasado 14 de noviembre.

Así, el Legislativo cumple con las instrucciones que dejó la Corte Constitucional sobre un tema que es preocupación nacional y puede dar lugar al incremento del llamado microtráfico, el gran beneficiado por esas zonas grises que deja a veces el afán por reglamentar al extremo las conductas que dañan la convivencia y merecen sanciones. Y por darles a las autoridades municipales y de Policía las herramientas necesarias para responder a los fenómenos delincuenciales que se desencadenan detrás de la aparente inocencia que hay en lo que se considera el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

Lo que sigue es la puesta en marcha de las medidas mediante las cuales los alcaldes definirán las áreas en las cuales se aplicará la veda en mención, acompañadas de la señalización precisa sobre dónde se aplica. Ya no pueden quedar dudas sobre el mandato legal que fija límites a los consumos de alcohol y sustancias ilícitas, lo cual significa que ya no habrá maneras de evadir las disposiciones que, repetimos, son necesarias para que los ciudadanos hagan uso del espacio público sin la amenaza de los expendedores de alcohol y drogas ilícitas.

Y, sobre todo, para proteger la juventud de quienes encuentran en ella la posibilidad de crecer negocios que son fuente del deterioro social, causantes de irreparables daños y promotores de la violencia. Frente a ese desafío, es hora de mostrar que el interés de la sociedad por tener ambientes sanos y dedicados a la convivencia está por encima de la intención de aprovechar la confusión legal que impulsa el narcotráfico.

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS