Confianza y seguridad

“Voy a asumir, directa y personalmente, el control de las políticas de administración de los servicios públicos, para que prime el interés general y del usuario”. Con esta frase el presidente Gustavo Petro anunció que releva de sus funciones a las comisiones reguladoras y será él quien determine la estructura de los precios de energía y posiblemente los de acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones.

Hay expectativa, y también prevención, entre quienes integran la cadena de generación, distribución y comercialización de los servicios públicos, e incluso entre la ciudadanía que si bien aplaude todo esfuerzo que se haga para aliviar su bolsillo aún no conoce el alcance que pueda tener la decisión del Primer Mandatario. Cómo se llegará a unos precios justos, que tengan en cuenta las condiciones técnicas, respeten la competitividad y protejan la libre empresa, son algunos de los aspectos que ameritan respuestas claras.

Como antecedente al anuncio presidencial están las alzas en las tarifas, principalmente de energía, durante el 2022. Aún cuando varias de las generadoras y prestadoras del servicio se acogieron al final del año a una reducción en el precio del kilovatio hora, entre ellas Emcali, en promedio se presentó un incremento, que fue más evidente en regiones como la Costa Caribe donde alcanzó un alza del 40%. Hay que tener en cuenta que el año pasado fue atípico porque significó suspender las medidas extraordinarias tomadas durante la pandemia y equilibrar las pérdidas del 2020 y 2021, lo que se reflejó en los recibos de cobro.

Al Mandatario de los colombianos le puede asistir la razón cuando argumenta que está aplicando lo que dictan las leyes de servicios públicos y lo que manda la Constitución Nacional al asumir el control de las políticas tarifarias. Surge la duda del porqué en lugar de exigir mayor eficiencia y rigor a las Comisiones Reguladoras, en quienes delega la Presidencia de la República la responsabilidad y deben velar en primer lugar por los intereses de los usuarios, decide apartarlas de sus funciones, así sea de manera temporal.

Los criterios para definir los precios, como se lo han dejado saber expertos y asociaciones que agremian a sectores como el de energía eléctrica y gas natural, pasan por estudios técnicos que incluyen a toda la cadena, deben ser proyectados, y van más allá del nivel actual de los embalses hidroeléctricos.

Sin conocer aún la directriz que le dará el presidente Petro a este asunto, existe el temor válido del efecto que tendrá en la que hasta ahora ha sido una relación sólida y estable entre el Estado y las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan esos servicios. La defensa de los usuarios debe ser la prioridad, pero es fundamental el respeto por las reglas vigentes que permiten la competitividad y generan confianza entre los inversores, incluidas las mismas empresas del Estado, algunas de las cuales son hoy las más grandes generadoras de energía de Colombia.

El Primer Mandatario debe hacer claridad sobre los criterios con los cuáles aplicará las políticas de servicios públicos ahora que decidió no delegar esa responsabilidad. Así mismo por cuánto tiempo asumirá esa función y si modificará las normas que hoy rigen al sector. Brindar tranquilidad y seguridad a los usuarios y al mercado deben ser las prioridades.