Compromisos incumplidos

La otra cara de los problemas que padece Cali está en su infraestructura y la respuesta que el Gobierno Municipal le está dando a sus necesidades. Una ciudad a la cual se le venden propuestas dirigidas a construir el futuro que terminan en el olvido mientras crecen las necesidades.

El ejemplo más claro está en las 21 megaobras que el hoy alcalde Jorge Iván Ospina promovió hace trece años en su primera administración. Financiadas entonces con contribuciones de valorización y aprobadas por el Concejo Municipal sin tener proyectos y presupuestos definitivos, los caleños aceptaron la propuesta. Y en su gran mayoría pagaron las facturas, así como otros fueron objeto de procesos judiciales para obligarlos a cancelar las cuotas que el municipio les fijó.

Pasaron los años y de las 21 obras apenas se ejecutaron seis, algunas parcialmente y otras fueron objeto de caducidades por incumplimientos de los contratistas. El resto pasó al olvido y el mismo alcalde que las promovió como vitales para el desarrollo de Cali las desconoció en su segundo período como mandatario de los caleños.


Esta semana, y ante las preguntas de los periodistas, el Secretario de Infraestructura declaró que no hay plata para hacer el puente de Chipichape ni para terminar la prolongación de la Avenida Circunvalar. Y ni modo de preguntarle por proyectos tan importantes como la salida hacia Buenaventura, una vía construida hace más de setenta años que hoy es el único acceso a una zona densamente poblada y es utilizada por cientos de miles de personas que viven en los barrios de ladera que empiezan en Terrón Colorado.

Así, el mismo alcalde que hace 13 años promovió esos proyectos con la idea de desatascar la rezagada malla vial de la ciudad y proyectarla como una urbe moderna, las olvidó en su segunda administración. A cambio, se empeñó en endeudar a Cali para financiar proyectos como el discutible Cali inteligente que costará $400.000 millones, el parque tecnológico en el lote del antiguo Club San Fernando que costará $60.000 millones o un parque hacia Cristo Rey que costará $30.000 millones.

Ello significa también que el mismo alcalde que usó el decreto 1394 de 1970 o estatuto de valorización hace 13 años para entusiasmar a los caleños, ahora desconoce un compromiso respaldado como la posibilidad de construir la infraestructura que requería Cali. Por ello Cali vive en el atasco permanente, y el municipio está expuesto a las acciones de cumplimiento que lo obliguen a ejecutar las obras o a devolver los recursos pagados por los contribuyentes, según ordena el artículo octavo de ese estatuto.

Esa falta de coherencia y el afán por mostrar obras que no se concluyen se suma al descuido que ha destruido las calles, transformándolas en motivo de discordia y de accidentes. Es allí cuando se debe preguntar a dónde van los impuestos y contribuciones pagados por los ciudadanos para resolver los problemas de su ciudad. Y qué pasa con el deber del Concejo Municipal de controlar la ejecución de proyectos que aprobaron sus integrantes que, como las Megaobras, no se cumplen.