Clientelismo laboral

Vincular personal a través de la figura de contratos por prestación de servicios, PS, se volvió la forma más fácil y rápida de llenar puestos de trabajo en las entidades del Estado. La práctica, q.ue se ha normalizado en todo el país, requiere un ajuste serio para que deje de ser la manera de pagar favores políticos, priorizar el amiguismo o manipular favoritismos.

Cali se lleva el récord entre las principales ciudades colombianas. Según datos recopilados por Mi Cali Contrata Bien, publicados ayer en exclusiva por El País, en el 2022 se firmaron en las 28 dependencias de la Administración local 25.998 contratos PS con 12.499 personas. Si se tiene en cuenta que el decreto 0331 de mayo 31 de 2021, firmado por Jorge Iván Ospina, fijó en 11.178 empleados la planta de personal de la Alcaldía, quiere decir que aún contando las vacantes que puedan existir, son más quienes laboran prestando sus servicios temporales que aquellos nombrados en propiedad.

La costumbre no es nueva, lo que sí se evidencia es un aumento sistemático en el número anual de PS que se firman en las dependencias del municipio. Si en el 2018 fueron 18.895, en el 2020 llegaron a 26.092, cifra que disminuyó levemente el año anterior. Preocupa también que la duración de los contratos es cada vez menor: de seis meses que era lo regular ahora se firman por cuatro meses y en algunos casos se deben renovar cada dos o tres meses.

Sin negar las dificultades que se pueden presentar para los nombramientos de personal de planta, que hoy hay más dependencias municipales que hace unos años o que estas realizan algunas funciones que no ameritan vincular laboralmente a más empleados porque son temporales, la realidad es que la prestación de servicios se convirtió en una forma de clientelismo rampante, y también de manipulación.

Es práctica común que se asignen cuotas laborales a políticos, concejales, financiadores de campañas, familiares o amigos. Además, mientras menor sea el tiempo de duración de los contratos, la rotación puede ser mayor e incluso se convierten en boletos de chantaje. Así funciona en Cali y en el resto de Colombia, aunque los datos de Mi Cali Contrata Bien, demuestran que la capital del Valle lleva la delantera a escala nacional y sobresale cuando se compara con ciudades similares como Medellín o Barranquilla.

La exagerada contratación por Prestación de Servicios es una preocupación local y también lo es para el Gobierno Nacional. Por ello se escuchan propuestas para acabar con esa figura que sin duda resulta nociva para la administración pública, para la transparencia que requiere y para la dignidad de los trabajadores. La orden del Presidente de la República es que al menos 700 mil contratistas del Estado pasen a ser empleados públicos, con todas las condiciones laborales de ley.

La intención es loable, pero tiene que estar ajustada a la realidad. Más que propuestas como la del Departamento Administrativo de la Función Pública de dar un plazo perentorio de cuatro meses para acabar con esa práctica, se requiere incluir las condiciones en la reforma laboral que se propondrá en las próximas semanas al Congreso. Que sea la ley la que cambie la forma en que hoy el Estado contrata trabajadores por Prestación de Servicios, para que deje de ser tiquete de pago de favores y la forma excelsa de hacer clientelismo.