Cambio urgente

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Cambio urgente

Agosto 28, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Controlar puede ser una de los verbos más fáciles de entender pero tal vez el más difícil de aplicar en Colombia cuando se trata de estar al tanto del manejo del patrimonio público. Al menos eso se deduce de los reiterados y frustrados intentos por reformar las Contralorías o de las declaraciones del actual Contralor General de la Nación.

Al plantear el control preventivo que reemplace al posterior que hasta ahora se aplica, el doctor Carlos Felipe Córdoba abrió un debate que debería ser de grandes proporciones por sus implicaciones para el manejo de los asuntos públicos. Dice el Contralor General que la entidad a su cargo tiene graves problemas en su modelo de control fiscal, y que en vez de posterior debe denominarse “póstumo”, pues “llega cinco años después de que se han ejecutado los recursos públicos”.

Su propuesta es ejercer una revisión simultánea, un control preventivo, distinto al funesto control previo y que incluya la posibilidad de advertir las fallas que se estén produciendo antes de que se conviertan en hechos cumplidos, pues la labor que hoy se realiza apenas lleva a recuperar el 0,4% de lo que se investiga. Y llama la atención sobre el hecho de que se pierdan el 99,4% de los recursos públicos comprometidos en desfalcos y robos al Estado, es decir, de los dineros que salen de los impuestos pagados por lo colombianos, suma calculada en cincuenta y cinco billones de pesos anuales por su antecesor Edgardo Maya.

Que la Reforma Constitucional sobre la materia sea necesaria y urgente lo demuestran las cifras citadas. Pero la propuesta se queda corta ante el daño que produce la desarticulada legislatura que distribuye tan delicada labor en contralorías municipales y departamentales, en su mayoría utilizadas como botines del clientelismo que permiten atrocidades como las cometidas por el contralor de Antioquia, hoy preso.

La gran inquietud es porqué no ha sido posible cambiar esa legislación, a pesar de ser uno de los grandes enemigos de la transparencia. Es difícil recordar la cantidad de iniciativas para hacer de la Contraloría el instrumento que impida el desangre del erario, las cuales son hundidas en el Congreso, y del fracaso que sufrió el referendo que en 2003 propuso acabar con el embeleco de las regionales y locales.

Y contrario a lo que debería esperarse, el apoyo a algo tan necesario para recuperar la confianza de los ciudadanos, desde el sector privado se lanzan críticas y se proponen comisiones inoportunas en una propuesta que debe ser mirada ante todo como la oportunidad para exigir resultados a la clase política. Debe notarse que esta iniciativa no surge del Gobierno ni de su coalición, sino de quien actúa en forma independiente, para concitar el trabajo de los partidos y movimientos en el Congreso con el objeto de responder a la transparencia y la protección del patrimonio público.

De otra parte y sin duda, hay que hacer una reforma al control fiscal en Colombia. Pero, ante todo, es necesario regresar a la ética y la moralidad pública en el manejo de los recursos y del control, sin las cuales cualquier cambio será inútil.

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