Bombas de tiempo

La tragedia ocurrida en la madrugada de ayer en la cárcel de Tuluá confirma que los centros penitenciarios en Colombia son una bomba de tiempo. Los problemas son múltiples y bien conocidos, al igual que la falta de voluntad política para hacer las reformas necesarias que eviten que hechos como el del centro del Valle del Cauca sigan ocurriendo.

Un día después, aún no se tiene plena certeza sobre las circunstancias en las que sucedió la emergencia en la penitenciaría en Tuluá, que alberga 1267 reclusos. Las informaciones preliminares hablan de amotinamiento, de intento de fuga masiva y de riñas entre los internos que se habrían presentado en las primeras horas de la madrugada del martes en el Pabellón 8. En medio de esas situaciones se habría prendido fuego a varios colchones, lo que desencadenó el incendio que deja hasta ahora 51 muertos y una treintena de heridos.

Si se actuó con la suficiente rapidez, si al momento de los hechos faltaban guardias del Inpec, como reclaman familiares de las víctimas, si las condiciones en las que se encontraban los presos eran lamentables y desataron los amotinamientos, lo deberán determinar las autoridades.
Así como si el hacinamiento, que en esta penitenciaria es del 17%, cifra inferior a otras cárceles del país, o una falla en los controles para evitar que ingresen arma, drogas ilícitas o elementos prohibidos influyeron en los acontecimientos.

Lo que sí queda al descubierto, otra vez, es la fragilidad del sistema carcelario colombiano, expuesto desde hace años a múltiples deficiencias y graves problemas, ampliamente diagnosticados, que siguen sin recibir las soluciones estructurales. La sobrepoblación es el más complejo: aunque el promedio nacional es del 20%, hay centros de reclusión, incluidas las estaciones de Policía, donde llega al 240%.

En ello influye, sin duda, la lentitud con la que actúa la Justicia. Hoy hay en cárceles y sitios de detención provisional 97.425 personas, de las cuales 23.037 son sindicadas y aún no se les define su situación. En esas cifras está parte del origen del hacinamiento y de los problemas que conlleva. Para resolverlo, así como para acabar con los otros males del sistema penitenciario como las condiciones inhumanas en que se encuentran miles de presos, las mafias que manejan el interior de los reclusorios, la corrupción e ineficiencia que rodean al Inpec, entre otros, es que se piden a gritos unas reformas que nunca se concretan o terminan frustradas en el Congreso de la República.

Mientras nada pase, las cárceles colombianas seguirán expuestas a situaciones como la ocurrida en la madrugada del martes en Tuluá, con el saldo trágico que dejó. Y tampoco será posible que se cumpla con la razón de ser de los centros penitenciarios: que sean lugares donde además de pagar sus condenas, quienes han transgredido las leyes y causado daño se puedan rehabilitar y una vez cumplidas sus penas se reintegren a la sociedad como personas útiles y de bien.

Las decisiones definitivas no admiten más espera. Es tiempo de que las tres ramas del poder público manifiesten su voluntad política para que se acabe con la indolencia, la corrupción y la indiferencia en que está sumido el sistema penitenciario nacional.