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Alarma por los Farallones

A los Farallones hay que salvarlos porque significan la vida misma para Cali y porque de no hacerlo se pondrá en riesgo a una ciudad de dos millones y medio de habitantes

19 de marzo de 2023 Por: Vicky Perea García

La alarma es la de siempre, esa que se enciende cada cierto tiempo cuando se comprueba que la minería ilegal continúa en los Farallones de Cali o cuando los ríos que ahí nacen presentan síntomas de contaminación por mercurio. Nada resulta efectivo para erradicar una actividad ilícita, que además de causar heridas profundas a la reserva natural más importante del sur del Valle, es un riesgo latente para los caleños.

Desde finales de febrero la Procuraduría General de la Nación ha puesto, de nuevo, su mirada sobre el Parque Nacional Natural Farallones. Pide explicaciones porque los valores de mercurio encontrados en las fuentes de agua que nacen en esas montañas, provocados por la explotación de oro irregular, están “por encima de los admisibles para el consumo humano, de acuerdo con la normatividad colombiana”.

Por esa misa razón exige a las autoridades del departamento y de la ciudad, a las entidades ambientales y a los organismos de seguridad, que informen cómo se ha hecho el monitoreo, cuáles son los resultados, si hay avances en la lucha contra esa actividad o cuántas personas han sido capturadas. Son en esencia los mismos cuestionamientos que caleños y vallecaucanos se hacen desde hace lustros, sin que tener las respuestas signifique que el problema se ha solucionado.

Se calcula que en los Farallones, esas montañas majestuosas de la cordillera Occidental que custodian a la capital del Valle y en conjunto suman 2.070 hectáreas de reserva natural, donde además nacen seis de los siete ríos que bañan a Cali o alimentan al Cauca y de los que se abastecen sus 2,5 millones de habitantes, hay 320 socavones mineros abiertos. De manera permanente son entre 10 y 20 activos, con ocasiones en que se detectan 80 o 90.

Las estrategias no parecen funcionar. Aún reconociendo la labor que realizan el Batallón del Ejército de Alta Montaña para cuidar los Farallones, los esfuerzos conjuntos entre las entidades ambientales del Valle y de Cali, sus autoridades, el sistema judicial y la Dirección de Parques Nacionales para crear estrategias que permitan perseguir y castigar a quienes ejercen esa actividad ilegal, así como para proteger la reserva natural, la situación se agrava y los daños crecen año tras año.

Desde las páginas de El País se ha denunciado de forma constante lo que sucede con la minería ilegal en los Farallones, su impacto ambiental pero además social, en especial para las comunidades que habitan en la zona porque son receptoras directas de los problemas de violencia que llegan de la mano de esa actividad manejada por organizaciones criminales. También se ha pedido la custodia y restauración del que es uno de los patrimonios naturales más importantes para la región.

No basta con la buena voluntad que manifiestan las autoridades si no hay efectividad en la lucha contra la minería ilegal. No se entienden, por ejemplo, las demoras administrativas y contractuales para ordenar el cierre definitivo de los socavones, ni la laxitud de la Justicia para castigar a quienes promueven y financian ese delito. A los Farallones hay que salvarlos porque significan la vida misma para Cali y porque de no hacerlo se pondrá en riesgo a una ciudad de dos millones y medio de habitantes.

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