Una buena propuesta

Colombia no está para diagnósticos tibios ni soluciones a medias. El país vive una combinación peligrosa de inseguridad creciente, deterioro institucional, crisis en servicios esenciales y pérdida de confianza. Frente a este panorama, la pregunta ya no es qué está mal —eso es evidente—, sino quién tiene un plan serio para corregirlo. En ese contexto, la propuesta presentada por Paloma y Oviedo destaca por su claridad, su coherencia y, sobre todo, por su sentido de urgencia.

El eje central es la recuperación del orden. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro. El programa plantea restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio, fortaleciendo la Fuerza Pública, modernizando la inteligencia y garantizando que el delito tenga consecuencias reales . No es un discurso retórico: es el reconocimiento de que el país no puede seguir tolerando que amplias zonas estén bajo control de economías ilegales.

A la par, la propuesta enfrenta de manera directa la crisis de la salud. Millones de colombianos esperan medicamentos, citas o tratamientos. La meta de resolver ese represamiento en el corto plazo, junto con la compra masiva de medicamentos y el uso de tecnología para ampliar cobertura, refleja un enfoque práctico: primero hacer que el sistema funcione para la gente.

Pero quizás el aspecto más decisivo es el económico. Colombia ha entrado en una espiral de desconfianza que frena la inversión y encarece el crédito. El plan propone revertir esa tendencia con reglas claras, menos cargas tributarias y estabilidad jurídica. No hay crecimiento sin confianza, y no hay política social sostenible sin crecimiento. Ignorar esta realidad ha sido uno de los errores más costosos del país.

En energía, la propuesta evita los extremos ideológicos. Plantea aprovechar los recursos disponibles mientras se impulsa la transición hacia energías limpias, garantizando al mismo tiempo tarifas competitivas y seguridad energética . Es, en esencia, una apuesta por el pragmatismo en un debate que suele caer en simplificaciones.

El programa también incorpora un componente social robusto: formación masiva en tecnología, apoyo al emprendimiento, incentivos al empleo y mecanismos para ampliar oportunidades desde la base . No se trata de asistencialismo, sino de construir capacidades para que más colombianos puedan progresar.

Finalmente, la lucha contra la corrupción y la transformación del Estado no son un complemento, sino una condición. Sin un Estado eficiente, transparente y enfocado en resultados, cualquier política fracasa.

En suma, esta propuesta no promete milagros ni apela a consignas fáciles. Ofrece algo más valioso: una hoja de ruta concreta para recuperar el orden, restablecer la confianza y abrir oportunidades. En un momento en que el país necesita decisiones firmes, apoyar esta alternativa no es solo una opción política: es una apuesta por devolverle dirección a Colombia.