Presente y futuro de Colombia

Dialogando con algunas personas, con preocupación me manifiestan si Colombia, con tantos hechos de violencia, de corrupción, de despilfarro, de pobreza y de intolerancia política y social, tiene viabilidad como país o, sencillamente, ya es un Estado fallido, mucho más cuando muchos de esos dolorosos hechos están cruzados por el negocio del narcotráfico.

En mi opinión, esa es la gran tragedia que vivimos actualmente en el país. Por eso, más allá de lo inmediato de las próximas elecciones, lo que requiere Colombia son iniciativas constitucionales y programas de gobierno que mejoren las condiciones de vida y de bienestar social de las personas que puedan ir facilitando, creando y consolidando las condiciones para superar la situación de violencia, de pobreza y de desigualdad. Que permitan el arraigo de nortes éticos y el desarrollo de un proceso de cambio y de justicia social, objetivos a mediano y largo plazo que demandan el esfuerzo del conjunto de la población.

Quienes aspiren a gobernarla a partir de 2026, tanto en el Congreso como desde la Presidencia de la República, sean afines o contrarios al Gobierno Nacional, tienen el deber ciudadano de informarnos sobre qué iniciativas constitucionales van a implementar a fin de contribuir desde esos importantes cargos públicos para que Colombia sea un Estado viable y donde lo primero sea la gente, empezando por los niños y las niñas.

Esa es, en mi opinión, la gran responsabilidad política que tienen todos los candidatos, sean de derecha, de centro o de izquierda, porque de lo que se trata no es de derrotar al presidente Petro o al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino de saber trabajar ‘Unidos en la Diferencia’ para que Colombia no se convierta en un Estado fallido, sino en un país viable y ejemplo democrático para la comunidad internacional.

En ese sentido, considero que quien llegue a la Presidencia de la República a partir del próximo 7 de agosto, si desde un principio se sabe blindar frente a sus propios egos o intereses particulares o grupales, es posible que, con la actual normatividad jurídica, gobierne bien a Colombia, respete la autonomía de los otros poderes del Estado (legislativo y judicial) y construya una política de diálogo social con los diversos sectores políticos y sociales de la población urbana y rural, los gobernantes locales y regionales, quienes, al igual que el Presidente de la República, también son elegidos por voto popular.

Lo anterior presupone que quien salga elegido Presidente de la República del 2026 al 2030 debe ser capaz de desarrollar el diálogo social, ser un ejemplo de rectitud en el manejo de los recursos públicos y tener conocimiento pragmático de los asuntos de Estado. Pero, ante todo, debe poseer unos mínimos nortes éticos definidos, como la cero tolerancia con la corrupción, los despilfarros, la arrogancia, la mentira, las desigualdades sociales y el deterioro y la contaminación ambiental.

Tal como lo he manifestado públicamente en diferentes escenarios, esos serían los mínimos criterios políticos y nortes éticos que los colombianos y colombianas, ‘Unidos en la Diferencia’, demandemos de las personas que vayamos a respaldar al Congreso, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República en 2026.

De lo contrario, con nuestra ceguera política, seguiremos eligiendo personas que, con sus veleidades, ambiciones, egos y sectarismos políticos, nos sigan conduciendo por el camino de una Colombia sin futuro y atrapada por la violencia, la corrupción, la mentira y el narcotráfico.