Normalización del autoritarismo

La caída de Maduro no significó el fin del chavismo ni produjo la transición democrática que por años se anticipó dentro y fuera de Venezuela. En lugar de un quiebre, lo que surgió fue una reconfiguración del poder: un nuevo equilibrio entre Washington y las élites del régimen. Bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, el país parece haber entrado en una fase más ambigua y difícil de interpretar: una estabilidad negociada que no implica democratización.

Lejos de desmontarse, el aparato estatal —militar, judicial y de inteligencia— permaneció intacto. Ese hecho explica en cierta medida por qué Estados Unidos optó por una estrategia pragmática: en lugar de apostar por un cambio inmediato hacia la oposición, decidió relacionarse con quienes ejercen el poder territorial. Más que un ‘cogobierno’, lo que ha sobrevenido es una cooperación funcional, una dependencia mutua donde Estados Unidos necesita estabilidad energética y Rodríguez legitimidad y flujo de capital. Sin lugar a duda ambas partes obtienen beneficios sin alterar las bases del sistema político venezolano.

La transición venezolana corre el riesgo de ser económica antes que política, y extractiva antes que democrática. Washington parece haber cambiado ‘cambio de régimen’ por ‘gestión del régimen’. En ese nuevo equilibrio, el petróleo ocupa el centro. La reactivación del sector energético, impulsada por acuerdos con grandes compañías internacionales, ha marcado el tono de la relación con Washington. Esto sugiere un giro significativo: la política hacia Venezuela ya no está guiada por la presión para una transición democrática, sino por la necesidad de garantizar gobernabilidad en un contexto estratégico.

Al mismo tiempo, las señales de apertura política han sido parciales y contradictorias. En cuanto al posible regreso de María Corina Machado a finales de año, no se vislumbran garantías reales. El uso de mecanismos legales como el Tribunal Supremo de Justicia o la figura de ‘ausencia forzosa’ podría bloquear su candidatura. En este contexto, la Ley de Amnistía —presentada como un gesto de reconciliación— terminó revelando más los límites del sistema que su voluntad de transformarse. Si bien permitió la liberación de algunos presos políticos, nunca fue una apertura plena: excluyó numerosos casos, operó de forma selectiva y dejó a cientos de detenidos fuera de cualquier beneficio. Distintas estimaciones coinciden en que todavía permanecen centenares de presos políticos, algunos en centros emblemáticos de reclusión como El Helicoide, mientras otros enfrentan procesos judiciales sin garantías claras. El cierre prematuro de la amnistía, apenas semanas después de su implementación, confirmó esa lógica. Más que consolidar una política de reconciliación, fue un instrumento temporal: redujo presión internacional, generó una narrativa de apertura y facilitó acuerdos externos, pero fue suspendida antes de producir cambios estructurales. En paralelo, nuevas detenciones y restricciones continúan, o sea la represión sigue siendo ahora más selectiva.

Este contraste entre apertura económica y cierre político define el momento actual. Venezuela parece avanzar hacia una normalización internacional sin haber resuelto sus tensiones internas. La oposición, enfrenta un escenario más complejo que en el pasado: mantiene respaldo social, pero carece de acceso a los mecanismos de poder. Incluso un eventual regreso de sus principales figuras no garantiza condiciones justas de competencia ni capacidad efectiva de gobernar.

El resultado es un país que se mueve hacia una especie de estabilidad sin justicia. Mientras ciertos sectores se benefician de la reactivación económica, amplios sectores de la población siguen en condiciones de precariedad. El riesgo es la consolidación de una economía desigual, donde la integración al mercado global convive con la exclusión interna.

Lo que está ocurriendo en Venezuela podría ser el surgimiento de un modelo híbrido en el que un régimen autoritario logra adaptarse, negociar y sobrevivir sin transformarse en lo esencial. Si ese modelo se consolida, no solo redefinirá el futuro del país, sino que podría sentar un precedente incómodo en la región: el de sistemas políticos que logran legitimarse externamente sin democratizarse internamente.

El verdadero interrogante ya no es cuándo caerá el chavismo, sino qué ocurre cuando un sistema político demuestra que puede reinventarse sin perder el control. Y, más alarmante aún, qué sucede cuando el mundo decide que esa estabilidad —aunque incompleta e injusta— es suficiente. En ese escenario, el desafío deja de ser la transición y pasa a ser algo más complejo: imaginar cómo reconstruir una alternativa democrática en un contexto donde el autoritarismo ya no es un obstáculo para remover, sino una realidad con la que muchos parecen haber aprendido a convivir.