Narrativa criminal

Fue un 2 de mayo de 2002. Desde el día anterior, los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia del pueblo, en la casa cural y en la de las Misioneras Agustinas. Los combates entre paramilitares y guerrilleros no cesaban. Los primeros se habían tomado la zona; los segundos se empeñaban en recuperarla. A las diez de la mañana lanzaron la primera pipeta, luego la segunda. La tercera atravesó el techo de la iglesia e impactó el altar causando la masacre.

El saldo, 119 muertos, entre ellos 48 niños, y más de 90 heridos. En la mañana siguiente, las Farc, que propició el atroz crimen, anunció haber recuperado el control de Bellavista, la cabecera municipal del municipio de Bojayá, permitiendo -24 horas después- evacuar a los heridos y enterrar a los muertos. Los combates entre paramilitares y guerrilleros incrementaron, provocando el éxodo de 5771 habitantes, principalmente a Quibdó.

Diecisiete años después, el Tribunal Administrativo del Chocó responsabilizó al Estado de los hechos por no implementar medidas oportunas de seguridad pese a advertencias sobre combates entre las Farc y las AUC y lo condenó a pagar $312 mil millones a las víctimas del vil atentado y del desplazamiento forzado. Al conmemorar 24 años de la masacre, revive con razón la discusión sobre la responsabilidad de los criminales en este tipo de hechos.

En el caso de Bojayá, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas responsabilizó a las Farc del ataque indiscriminado al violar los Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (DHI), aplicables a conflictos armados internos. No obstante, los hechos indicarían que el Ejército y la Policía se retiraron previamente de la zona, pese a la advertencia de la presencia creciente de paramilitares y guerrilleros.

En este como en otros casos es cierto que el Estado no cumplió su deber constitucional de proteger la vida de las personas. Tarea ineludible como compleja en un país donde quienes mandan cada día más son los criminales, llámense paramilitares, Farc, Eln, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia o disidencias de alias Iván Mordisco; un país que se dirige desde la Picota y en el que los peores asesinos son nombrados gestores de paz.

No se trata de excusar las omisiones de las Fuerzas Militares y de Policía, desmanteladas y cooptadas por el régimen, pero sí de poner las cosas en su sitio. Los responsables de la masacre de Bojayá son las Farc; eso no se debe cuestionar ni soslayar. Como tampoco, que el único responsable del holocausto del Palacio de Justicia es el M-19, que hoy gobierna. Igual en el caso de masacres cometidas por paramilitares y otras organizaciones criminales.

La izquierda radical ha sido hábil en imponer una narrativa manipulada de los distintos tipos de violencia que han azotado a Colombia, logrando falsear la historia e invertir la responsabilidad y la culpa en algunos tribunales y en la conciencia colectiva. Cuando los victimarios -entiéndase asesinos, secuestradores, violadores, reclutadores de niños- son afines a su ideología y causa política los presentan como víctimas y a las verdaderas víctimas como victimarios.

Esa lógica carente de lógica por apartarse de la realidad debe parar. Como también el eufemismo del delito político. Los criminales son criminales y punto, independientemente de su motivación, más cuando hoy los grupos ilegales en armas son todos narcotraficantes. Esa narrativa de culpar de todo al Estado en un país donde es evidente que este no tiene el control total del territorio y la justicia es tan precaria y a veces tan inepta y sesgada, solo sirve a los criminales y a quienes desde la legalidad han sido y son sus testaferros políticos.