A las armas

La inseguridad objetiva, sumada a la percepción de impunidad está llevando al país en un rumbo crítico sobre el uso de la violencia armada para la defensa individual. Por un lado, lo objetivo: a la gente la atracan en los barrios, en el trabajo, divirtiéndose, transportándose, en todo sitio y ambiente. Otro elemento objetivo es la incapacidad del sistema para retener a los delincuentes capturados más allá de unos pocos días o unas cuantas semanas.

A ello se suma lo subjetivo. La gente cree que lo que está mal puede ser aún peor pero no se sabe, por el negacionismo de las autoridades, desde los alcaldes hasta el ministro de Defensa, siempre dispuestos a sacar cifras e interpretaciones de los datos que presentan una situación menos grave: que hay menos hurtos violentos en un periodo determinado por ejemplo, así la tendencia de la criminalidad sea creciente. A esto contribuye la confusa información de los medios, repleta de condicionantes cuando se trata de describir el delito y sus autores. Tienen dos muertos tirados en la calle y hablan de presuntos muertos, o un atraco en un restaurante grabado en video y hablan de presunto asalto. Y es peor cuando se trata de los autores si son extranjeros, ninguno tiene nacionalidad, todos son “ciudadanos de acento extranjero”.

La criminalidad es de esas cosas objetivas que no se ocultan con estrategias subjetivas. Los presuntos delitos cometidos por presuntos ciudadanos de acento extranjero o presuntos jóvenes colombianos, o las peleas entre funcionarios de todo rango alrededor de las cifras y su interpretación no resuelven el problema. Al contrario, lo agudizan.
Una de las expresiones en que eso se ve es la forma en que se ha ido extendiendo la propaganda en redes sociales de la idea de que para defender la vida, la propiedad y la familia hay que tener una pistola al cinto, ojalá con salvoconducto, pero si es necesario, hay que tenerla sin permiso, lo importante es tener cómo defenderse. Detrás de ese mensaje hay otro aterrador: si en el proceso de defensa mueren uno, dos o todos los delincuentes, tanto mejor. No es sino ver los comentarios del público en la noticia del linchamiento y muerte de un atracador en un billar de Cúcuta para darse cuenta del nivel de legitimación popular que hay de estas ideas.

El Estado no está preparado para la ola de armas legales e ilegales con fines de defensa personal que se está propagando por todas partes. No se trata únicamente de las políticas públicas en pro de la vida y en contra de las armas, totalmente ineficaces frente a la amenaza y amedrentamiento cotidiano que estamos viviendo los colombianos. Se trata de que el mismo Estado a través de su aparato judicial no tiene las herramientas para resolver con justicia casos fronterizos y la sociedad puede recibir mensajes erróneos, como el caso del abogado que está siendo procesado por herir a un ladrón usando un arma vieja con salvoconducto vencido. El ladrón anda libre y el abogado está en juicio por porte ilegal de armas.

Aquí hay discusiones teóricas de mucho fondo, hace tiempo abandonadas por los ‘operadores de justicia’ ya poco interesados en la dogmática, como la equivalencia de los derechos agredidos y defendidos y la proporcionalidad de la defensa frente al ataque. Pero de fondo hay cosas de enorme importancia para la sociedad, como que no reciba el mensaje de que defenderse es más riesgoso que delinquir. Pues cuando de por medio está la familia, como dicen los norteamericanos, “My Colt Fortyfive is my sexy wife”.