Enemigos camuflados

En Cali, los enemigos de la paz y la seguridad no visten uniforme camuflado ni portan un fusil al hombro. En la capital del Valle, como en Jamundí o en el norte del Cauca, la violencia ha mutado y ahora se oculta en medio de la cotidianidad. Las llamadas células urbanas de las disidencias de las Farc y del Eln no necesitan mostrarse para operar: viven entre los ciudadanos, se desplazan como cualquier transeúnte y esconden sus verdaderas intenciones detrás de fachadas comerciales o supuestas vidas corrientes.

La reciente captura de 15 personas vinculadas a los ataques terroristas del pasado 10 de junio en Cali y Jamundí demuestra que estas redes son reales y están activas. Según las autoridades locales, la estrategia de estas células urbanas no es la confrontación directa, sino andar con prudencia: ganar la confianza de los barrios, detectar líderes, identificar objetivos y preparar golpes que buscan sembrar miedo y desestabilizar a la sociedad.

Preocupa especialmente que estas células elijan zonas vulnerables del oriente caleño y de Jamundí como base de operaciones. Allí, las dificultades económicas y sociales les facilita pasar inadvertidos y encontrar jóvenes que, ante la falta de oportunidades, ven en la ilegalidad una promesa de futuro rápido y obtención de dinero fácil. Para las células urbanas, estos espacios son los lugares predilectos para el reclutamiento forzado y para el uso de menores en delitos.

Por ello, la respuesta de las autoridades no puede limitarse a capturas y golpes militares. La represión es necesaria, pero insuficiente. Es urgente desplegar programas de prevención en los barrios más expuestos, fortalecer las economías locales, blindar a los jóvenes de las ofertas criminales y generar canales efectivos de denuncia ciudadana que permitan identificar a quienes se esconden tras la fachada de ser ciudadanos del común cuando en realidad son guerrilleros o parte de organizaciones criminales.

Enfrentar esta amenaza exige también un trabajo coordinado entre Fuerza Pública, Fiscalía, autoridades locales y comunidad. La inteligencia en seguridad, tan debilitada en los últimos años, debe ir de la mano de la acción social y de una comunicación clara que informe e incentive la colaboración de las comunidades.

La capital del Valle no puede permitirse convivir con el crimen organizado. Por ello, la indiferencia de la ciudadanía frente a lo que está sucediendo con las células urbanas de los grupos al margen de la ley, no es una opción. Hay que denunciar ante las autoridades competentes los movimientos sospechosos o cuando se tenga conocimiento de la presencia de personas asociadas a esas organizaciones.

No bastan los patrullajes o los planes de choque, como los anunciados luego de los atentados, porque si bien pueden dar resultados positivos, no blindan frente a la posibilidad de ataques terroristas, ni mucho menos protegen a quienes son hoy más vulnerables a su accionar.

Se necesita un plan integral que combine inteligencia, prevención, protección a líderes comunitarios, oferta educativa y alternativas económicas reales. De lo contrario, estas células seguirán encontrando terreno fértil para sus ataques en los barrios vulnerables de Cali y Jamundí.