Cese del fuego inconstitucional

El acuerdo de cese del fuego pactado entre el Eln y Petro, en un acápite denominado “actos prohibidos”, sostiene que “las partes acuerdan no realizar acciones ofensivas”. En otras palabras, elenos y Fuerza Pública se comprometen a no enfrentarse entre sí.

Por otro lado, el acuerdo no contiene ni una sílaba sobre las obligaciones del Eln en relación con los civiles. Así lo confirmó, entre eufemismos y un enorme cinismo, alias Pablo Beltrán, uno de los cabecillas elenos.

El jefe de la delegación del grupo guerrillero en la Mesa de Diálogos de La Habana, sostuvo que el pacto no regula “las operaciones de finanzas del Eln”, entre ellas los “impuestos” y “retenciones”, es decir las extorsiones y secuestros. Tampoco se refiere al reclutamiento de menores.

En resumen, el Eln tiene la certeza de que los militares y policías no los confrontarán y, al mismo tiempo, no asumen compromiso alguno de respetar a los civiles ni de dejar de hacerlos víctimas de sus acciones criminales.

Hay que recordar que, más allá de lo que diga o no diga lo pactado, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos no internacionales como el nuestro, los combatientes tienen las obligaciones de no hacer objeto de su accionar militar a los civiles y de abstenerse de cualquier ataque a ellos, o reclutarlos forzadamente.

Esas obligaciones internacionales no dependen del ordenamiento jurídico interno de los Estados ni, por supuesto, de lo que puedan acordar los Estados y los grupos armados ilegales.

El punto, sin embargo, es que, tal y como quedó acordado, el Eln tendrá la certeza de que la Fuerza Pública no los confrontará y, mientras tanto, como confiesa ‘Beltrán’, seguirá extorsionado, secuestrando, reclutando forzosamente, entre muchos otros crímenes.

Y tal cosa es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, supone que las Fuerzas Militares y la Policía no podrán cumplir con sus obligaciones y, por el otro, los civiles no tendrán la protección a la que tienen derecho.

Se paraliza a las fuerzas armadas mientras que los criminales podrán seguir delinquiendo con la certeza de que no serán perseguidos.

Para que no haya duda, muy distinto sería si se hubiera pactado el compromiso del Eln de cesar sus actividades criminales. En ese caso, en el marco de un proceso de paz, tiene sentido exigir a las Fuerza Pública que no opere contra el grupo armado ilegal.

Pero no es el caso. De manera que lo pactado va en contravía de la Constitución y la orden que se dé a la Fuerza Pública de no confrontar a los elenos sería abiertamente ilegal.

Otro elemento muy preocupante del acuerdo es la de que será la población en el territorio la que haga monitoreo y verificación de lo acordado.

Pedirles a los civiles que hagan esas tareas mientras que esos criminales siguen armados y delinquiendo solo pone en aún mayor peligro a esos civiles. Un despropósito.