Los Espectros del Palacio

Pongo las cartas sobre la mesa: creo que los militares comprometidos en actos ilegales deben recibir el mismo tratamiento y los mismos beneficios que los guerrilleros y paramilitares una vez se firme el acta de las negociaciones de paz. No tiene presentación que a unos se los someta a largas condenas mientras otros quedan libres o deben pagar unos pocos años de cárcel. Sin embargo, este elemental principio de equidad tiene una condición ineludible: que unos y otros reconozcan sus responsabilidades y estén dispuestos a aportar a la construcción de la verdad.Esto es lo que no ha ocurrido en el caso de los hechos del Palacio de Justicia de 1985. La opinión pública corriente, con base en una pésima información de algunos medios de comunicación, sigue atrapada en la idea de que "los que defendieron legal y constitucionalmente al Estado, terminaron en la cárcel y los guerrilleros que se tomaron el Palacio están libres y ejerciendo cargos", como dice un conocido general en retiro. La paradoja de la situación se explica teniendo en cuenta la diferencia entre amnistía y absolución.La primera responsabilidad por lo sucedido en el Palacio compete sin lugar a dudas al grupo guerrillero M-19, que se embarcó en un acto absolutamente demencial e irresponsable, con base en un desmesurado culto a las armas y un delirante cálculo político con respecto a las posibilidades y consecuencias de sus actos. Las Fuerzas Armadas reaccionaron, como era su deber constitucional, pero no se limitaron simplemente a obedecer órdenes de las autoridades civiles, sino que lideraron una retoma del Palacio a sangre y fuego, no permitieron la liberación de los rehenes a pesar de las súplicas del presidente de la Corte e incurrieron posteriormente en torturas, desapariciones y asesinatos. Esto lo ratifica la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que ha condenado al Estado colombiano por todos estos hechos. Así como hubo una desmesura en la acción también hubo una desmesura en la reacción.No es cierto, como dice la prestigiosa revista Semana, que los miembros del M 19, con excepción de Antonio Navarro, “no hayan ni siquiera expresado su arrepentimiento” (edición 1702, p. 28). Lo han hecho en varias ocasiones y ser beneficiarios de una amnistía lleva implícito el reconocimiento de una responsabilidad. Para eso son las amnistías: para perdonar y facilitar el reingreso a la vida civil de los responsables. Las fuerzas militares, por el contrario, no han querido reconocer sus responsabilidades e insisten permanentemente en la idea de que lo que hicieron se justifica ampliamente en el objetivo que inspiraba sus acciones: defender la democracia, el orden y la Constitución, pero dejando de lado una consideración sobre los medios empleados para tales propósitos. Por consiguiente su aspiración no es a una amnistía, a un perdón institucional de sus errores, sino simplemente a una absolución, es decir, a que se les exima por completo de responsabilidad.Los espectros dolorosos del Palacio de justicia seguirán velando la cuna de las nuevas generaciones de colombianos, mientras no se reconozcan las responsabilidades y se reconstruya la verdad de lo sucedido. Si la opinión considera que los actos reparatorios que han hecho los miembros del M-19 no son suficientes, que se les pida entonces una reiteración pública. Pero, igualmente, los militares tienen que, cejar en el empeño de ser absueltos, y optar por una amnistía que equilibre las cargas, con base en el reconocimiento de su parte de responsabilidad. El reciente fallo de la Cidh hace prácticamente ineludible esta opción. Y sólo así, aplicando los principios mínimos de una justicia equitativa y distributiva podremos lograr la paz y la reconciliación.