San Andrés: Defensoría alertó sobre presencia de grupos armados ilegales en la isla

Una difícil situación de seguridad enfrentan los habitantes de San Andrés ante el fortalecimiento y las constantes disputas que se presentan entre grupos armados. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo al emitir la Alerta Temprana 028 del 2022, que muestra una compleja radiografía de lo que pasa en la isla, en particular para los menores de edad.

“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En este sentido la Alerta Temprana señala que la compleja situación de derechos humanos se presenta por el fortalecimiento de varias estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio del Clan del Golfo, además de la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en el Archipiélago.

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Bajo esta dinámica la Defensoría explica que estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios.

“Con los impactos de la pandemia por el COVID 19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés, durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios”, dice la Defensoría.

En este sentido la Defensoría explica que los niños y adolescentes han sido los más afectados, no solo por ser usados para transportar drogas sino por ser instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.

Por último, la Defensoría alertó que los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo. El monitoreo detectó agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción.

“Hago un llamado para que toda la institucionalidad ponga los ojos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se brinde la atención y protección de las comunidades, especialmente a los menores de edad”, dijo el defensor del Pueblo.