Según la Corte Constitucional, alrededor de 11.000 y 14.000 menores de edad militaban en las filas de los grupos armados ilegales que operan en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación alertó este viernes sobre la grave vulneración de derechos humanos a menores de edad en el contexto del conflicto armado.
La procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, citó los informes emitidos por el Secretario General de las Naciones Unidas en mayo de 2013 y 2014, y el informe de las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño formuladas al Gobierno Nacional de febrero de 2015, que a su juicio evidencian el agravamiento de esta situación de vulneración de los derechos.
( ) toda vez que la dinámica del mismo se ha profundizado con la presencia de mayores factores de riesgo que los hace fácilmente objeto de victimización en modalidades cada vez más degradantes asociadas al reclutamiento, al uso y a la utilización ilegal de esta población, señaló.
La procuradora Hoyos Castañeda dijo que si bien las cifras entre las entidades con responsabilidad en la detección temprana, la prevención urgente y la protección de los derechos vulnerados a los menores de edad en el contexto del conflicto armado no coinciden, ello no significa que no se deba advertir sobre el preocupante panorama.
Así, por ejemplo, en la Sentencia C-203 de 2005, la Corte Constitucional llegó a plantear que alrededor de 11.000 y 14.000 menores de edad militaban en las filas de los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional; 10 años después la Unidad Nacional de Reparación Integral a las Víctimas ha reportado un promedio de 7.000 niños víctimas de reclutamiento desde 1984, y por el Programa de Desvinculados del Conflicto Armado del Icbf han pasado un promedio de 5.700 menores de edad.
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Para la entidad, esto evidencia las falencias en la articulación interinstitucional para materializar los cometidos de reparación integral y de restablecimiento de sus derechos en el marco de la Ley 1148 de 2011 y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), respectivamente.
La Procuradora Delegada destacó que el Ministerio Público ha insistido vehementemente en que las conversaciones de paz que sostiene el Gobierno Nacional con las Farc debieron tener como condición la entrega de todos los menores de edad reclutados, así como en la prohibición del reclutamiento o de la utilización ilegal de menores de 18 años de edad.