¿Por qué la Policía no ingresa a las universidades públicas?

Luego de que el pasado jueves se presentaran disturbios y enfrentamientos entre la Policía y estudiantes de las principales universidades públicas del país, se volvió a encender la polémica sobre por qué las autoridades no ingresan a los campus universitarios para evitar que estos lugares san utilizados por los manifestantes para atacar, desde allí, a la Fuerza Pública.

Las manifestaciones se realizaron en el marco del día del estudiante caído, una fecha que se utiliza para recordar a los jóvenes que perdieron la vida defendiendo sus ideales en América Latina.

En Cali, los manifestantes se concentraron en inmediaciones de la Universidad del Valle, el tráfico colapsó en el sector pero no desencadenó en situaciones más graves.

También se presentaron disturbios en Medellín, pero fue en Bogotá donde alrededor de la Universidad Nacional la situación de complicó.

Hasta allí llegó la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antes Esmad) y, en medio de los enfrentamientos, dos policías resultaron heridos. El caso más grave ocurrió con el patrullero John Fredy Rodríguez, quien se encuentra en el Hospital Militar, lugar a donde fue trasladado luego de que lo impactara un artefacto explosivo.

El general Carlos Humberto Rojas, del servicio general de Policía Nacional, explicó que Rodríguez fue herido con un artefacto explosivo improvisado en la región máxilofacial y occipital derecha y su pronóstico de salud es reservado.

Al plantearse el debate sobre por qué la Policía no ingresa a estas instituciones de educación superior, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la intervención “no es ahora una opción. El Gobierno está comprometido con respetar las universidades como espacios para el conocimiento, la formación e investigación. Llamamos a toda la comunidad universitaria de Bogotá, de Medellín, de Cali y todo el país a que esos centros universitarios se respeten como espacios para el conocimiento y la investigación. Nosotros estamos en toda la disposición de protegerlos”.

¿Qué dicen los expertos en la materia?

Para el coronel Carlos Javier Soler, lo primero que hay que aclarar es que una cosa son las universidades públicas y otra las privadas, pues según él tienen diferentes “requisitos”.

“Para ingresar a una universidad privada se requeriría una orden de allanamiento, pero para hacerlo en una institución pública no porque es de todos. Lo que pasa es que no se ingresa porque se alega que hay autonomía universitaria, eso hay que entenderlo como el respeto hacia la libertad de cátedra, el respeto hacia la capacidad de organización, el valor de las carreras universitarias, dar una línea ideológica y demás, pero esto nada tiene que ver, como se ha querido mostrar, en que la Fuerza Pública llega hasta la puerta y se quedan allí parados porque no pueden ingresar”, sostiene Soler, quien también fue secretario de seguridad de Cali hasta el año pasado.

Para el experto en seguridad, cuando hay comisión de delitos tiene que realizarse una investigación criminal a través de la Fiscalía.

“La puerta de una universidad no puede frenar la intervención del Estado y de los jueces de la República. Lo que está pasando en las universidades es que vía autonomía universitaria se permita que hayan jóvenes que están siendo instrumentalizados para crear las llamadas papas bomba y construir en los laboratorios, con recursos públicos, artefactos para lanzarlos a la Fuerza Pública o ellos mismos resultar muertos o con lesiones graves en sus extremidades”, dijo el coronel retirado.

Desde el punto de vista de Pablo Uribe, experto en seguridad, es “irracional” que la Fuerza Pública no pueda entrar a donde se está cometiendo un delito y se coloca en riesgo la vida de los colombianos. “Creo que se debe acabar este precedente y debe haber una directriz clara para que cuando las autoridades sepan que se está cometiendo un delito en una institución educativa, ingresen”.

Una de las soluciones que se ha planteado es hacer requisas, y esto, según Pablo Uribe, es deber de las universidades garantizar la seguridad rutinaria a través de empresas privadas. “No es deber de la Policía estar pendiente del control de ingreso. Solo cuando ocurra algo que se salga de las manos de la empresa privada, deben entrar a jugar las autoridades”.

“Es claro que si atacan a la Policía desde el interior de las universidades, los uniformados deben entrar y en el marco de los Derechos Humanos, efectuar las capturas. Eso no es una frontera, eso es Colombia y aquí impera el Estado Social de Derecho y la ley dice que quien ataque a la Fuerza Pública en flagrancia debe ser detenido. La Corte Constitucional debe definir el límite de lo que es la autonomía universitaria frente a la comisión de delitos”, propuso Soler.

Una recomendación que hace es ir tratando de avanzar en acuerdos con las juntas directivas de las universidades para que se realicen unos consensos y se pueda empezar a trabajar con policía comunitaria y poco a poco acercarla a las universidades. “Hay que concientizar a la comunidad universitaria que atacar a la Fuerza Pública con artefactos explosivos no puede seguir ocurriendo porque todos son seres humanos que tienen familias e hijos que los esperan en casa. La protesta también tiene límites y uno de ellos es realizarla con legalidad”.