Zona Diamante
El punto de bonificación salarial es el que aún divide al Gobierno y a los sindicatos de la rama judicial.
Este martes se completan 60 días del paro judicial, por el cual más de 21 mil audiencias han tenido que ser suspendidas, mientras que solo el punto de la bonificación salarial es el que separa al Gobierno y a los sindicatos de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, los ciudadanos son los más afectados. Es el caso de *Martín, un desempleado con dos hijos, uno de los cuales padece una discapacidad, a quien el próximo 17 de diciembre podrían desalojar de su vivienda si un juez no falla la tutela que presentaron. "El proceso de desalojo quedó para el 16 de diciembre pero hasta el momento no han querido estudiar mis argumentos para evitar que me quiten la casa. Nosotros construimos esta casa y ahora nos dicen que estaba prohibido. Ahora no me quieren devolver dinero, ni dar una nueva casa", dijo Martín, quien espera no perder su casa. La vivienda fue construida en la localidad de Ciudad Bolívar y la familia lleva pagando impuestos y servicios durantes más de cinco años, y ahora una decisión de la alcaldía local dicta que deben desalojarla.Como este hay miles de casos que esperan su respuesta en los recintos judiciales de Paloquemao, mientras los sindicatos afirman que mantendrán el paro judicial."Esto ya es un tema de dignidad, el Gobierno no ha querido resolver nuestras solicitudes y la comunidad debe entender que estamos luchando por nuestros derechos para prestarles un mejor servicio", señaló Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial. Por su parte, Álvaro Marquez, presidente del sindicato de la Fiscalía, aseguró que ya fueron presentadas las tutelas para reclamar los pagos que no les cancelaron. "La decisión de no pagar es una violación al derecho laboral, por eso ya se instauraron las tutelas. El fiscal General, Eduardo Montealegre, debe sentarse a negociar con nosotros", dijo el líder sindical. De otro lado, la Fiscalía General informó que 1.265 funcionarios que decidieron entrar en cese de actividades no recibieron salario. De dicho número de funcionarios a 973 no se les pagó dinero alguno, mientras que 292 recibieron pagos parciales, porque laboraron algunos días antes de entrar en cese de actividades. La Fiscalia General cuenta con un total de 22.352 funcionarios y las seccionales que entraron en paro son Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cauca, César, Córdoba, Cundimamarca, Magdalena, Sucre y Nivel Central. Como forma de alivio de sacarle el cuerpo a la protesta, desde hace dos semanas el Consejo Superior de la Judicatura asignó 48 salas de audiencias en Atlántico, Valle, Cesar, Magdalena, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Santander y Bogotá. Con esta medida se han adelantado procesos judiciales que estaban estancados, como el de Interbolsa y el de la excontralora Sandra Morelli.
