Las masacres vuelven a encender las alarmas en Colombia: van 64 en lo corrido de 2026; el Valle es una de las zonas afectadas

Las masacres volvieron a aumentar en Colombia durante 2026. De acuerdo con las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre el 1 de enero y el 8 de junio se registraron 64 casos en el país, más del doble que los 30 que se reportaron durante el mismo periodo de 2025.

Ese repunte se da en medio de las disputas territoriales entre grupos armados al margen de la ley, el fortalecimiento de estructuras ilegales y la expansión de las economías ilícitas que afectan a diferentes regiones.

Las cifras muestran un incremento sostenido en los departamentos que históricamente han sido golpeados por el conflicto armado, pero también dejan ver el deterioro de la seguridad en las regiones en las que se dinamiza el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Antioquia y Cauca son los departamentos que encabezan la lista, con nueve masacres cada uno, seguidos por Norte de Santander con ocho, Valle del Cauca con siete, Atlántico y Nariño con cinco cada uno y La Guajira con tres.

Para Carlos Rojas, investigador independiente de GovLab, detrás de estos hechos hay un fenómeno de “macrocriminalidad extrema”, por lo que las organizaciones ilegales buscan controlar los territorios, los recursos y las rentas ilícitas a través del uso de la violencia.

Por su parte, Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, indicó que el incremento de las masacres se relaciona con el crecimiento de los grupos armados ilegales y su expansión en diferentes regiones del país, por lo que se elevan los riesgos para las comunidades que habitan estas zonas.

Juana Cabezas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividad de Indepaz, indicó que detrás de este repunte también hay disputas por el control de economías ilícitas como el microtráfico y la extorsión, así como enfrentamientos entre bandas criminales locales y grupos armados con presencia regional.

De acuerdo con la investigadora, el fenómeno se manifiesta en diferentes territorios, por lo que no se puede atribuir a una sola dinámica violenta.

El incremento en estos casos ha dejado en entredicho la capacidad estatal para prevenir la violencia en los territorios donde existen enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las economías ilícitas.

De hecho, los especialistas coincidieron en que, aunque existen mecanismos de alerta sobre posibles riesgos, las respuestas de las instituciones son insuficientes para impedir que las amenazas se materialicen en hechos violentos concretos.

Valle del Cauca, en riesgo

El Valle del Cauca se mantiene entre los departamentos con más ocurrencia de masacres en Colombia, puesto que entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2026 se registraron siete hechos, la misma cifra reportada durante el mismo periodo de 2025.

El caso más reciente tuvo lugar en la zona rural del municipio de Candelaria, donde fueron encontrados los cuerpos de tres hombres atados de manos y con impactos de bala en la cabeza, abandonados en un cañaduzal.

Según las autoridades, las víctimas fueron encontradas en el sector de San Joaquín y las investigaciones apuntan a esclarecer los móviles y los autores de este crimen que conmocionó a los habitantes de ese corregimiento.

“Es importante señalar que las tres víctimas registraron antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir”, señaló el teniente coronel César Bohórquez, comandante del Distrito de Policía Candelaria.

Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, aseguró que no todos los territorios comparten la misma dinámica, por lo que los hechos cometidos en Antioquia, Cauca o Norte de Santander no deben atacarse de la misma manera que la inseguridad en el Valle del Cauca.

“Estos territorios no comparten una misma dinámica, de modo que replicar un mismo paquete de medidas reproduce el error de leerlos como un bloque homogéneo”, aseguró Fernández.

Para Carlos Rojas, estos hechos no pueden analizarse de una manera aislada ni como fenómenos exclusivos de cada municipio o departamento.

“Cali no es un distrito o un municipio más en el suroccidente colombiano, sino que es uno de los ejes estructurantes que dinamiza todo este fenómeno de la violencia, donde una de sus puntales son las masacres”, sostuvo.

También explicó que la capital del Valle del Cauca hace parte de una red territorial que conecta con otros municipios del departamento y algunos del norte del Cauca, corredores estratégicos para las economías ilegales.

“Claramente, estos fenómenos no son aislados”, explicó el analista, quien afirmó que detrás de las masacres hay una disputa por el control del territorio y de las actividades ilícitas que trasciende las fronteras administrativas de municipios y departamentos.

Según Rojas, los responsables de estas economías ilícitas utilizan la violencia como una demostración de poder para lograr imponer su control en las diferentes zonas: “Es un mensaje muy violento y muy agresivo, en el cual lo que se ve por medio es un mensaje de poder, de control y de autoridad”.

La principal razón para que se incrementen las masacres es el aumento del factor de riesgo, es decir, el incremento de hombres en armas de los grupos ilegales”.

Iván Carvajal, experto en inteligencia estratégica.

Para Juana Cabezas, una de las preocupaciones es que la violencia no solamente se asocia a enfrentamientos rurales entre los grandes grupos armados ilegales, sino que en varias regiones, especialmente en zonas urbanas, se observan disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico y la extorsión.

“Hay una situación de disputas por controles urbanos que hemos visto, sobre todo en ciudades principales, y otras expresiones que tienen que ver mucho más con estructuras locales pequeñas y con grandes grupos armados”, explicó.

De la misma manera, Iván Carvajal consideró que este fenómeno se relaciona con el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales en los últimos años en Colombia.

Según indicó, entre 2022 y 2025 se pasó de 12.000 hombres en armas, contando al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, a 24.000, lo que representa un incremento en el 100 % del factor de riesgo.

“La principal razón para que se incrementen las masacres de esa forma tan descomunal es el aumento del factor de riesgo y el aumento del factor de riesgo es el incremento de hombres en armas de los grupos armados ilegales”, sostuvo.

Carvajal indicó que el suroccidente del país se enfrenta a una amenaza que opera de una manera regional y que incluye municipios del Valle del Cauca y del norte del Cauca, por lo que las respuestas institucionales deberían plantearse desde una perspectiva regional y no solamente desde los límites políticos de cada territorio.

Cabezas agregó que el alza en las masacres en departamentos como Cauca responde a los procesos de reorganización y disputa territorial entre los grupos armados ilegales que buscan consolidarse en medio de la incertidumbre política previa a las elecciones presidenciales.

Alertas tempranas, ¿realmente funcionan?

Si bien las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo son unas de las principales herramientas para anticipar los riesgos contra la población civil, los expertos consultados coincidieron en que el problema no está en la calidad de esta información, sino en la capacidad estatal para reaccionar de manera oportuna.

Felipe Fernández explicó que hay una desconexión entre la generación de los datos tempranos y las acciones que se activan para prevenir los hechos de violencia.

“El problema central no reside en la ausencia de alertas, sino en la desconexión entre la generación de información temprana y la respuesta operativa que debería activarse a partir de ella”, aseguró.

Estamos esperando que no duplique esa cifra y que no terminemos con más de cien masacres, como hace por lo menos diez años no lo tenemos”.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz.

Para este consultor en seguridad y paz, el sistema de alertas tempranas ha venido advirtiendo riesgos en los municipios donde luego se materializan los hechos, “lo que sugiere que el cuello de botella se ubica en la articulación interinstitucional posterior a la alerta y en la lentitud de las Comisiones Intersectoriales para traducir advertencias en despliegue preventivo”.

Desde Indepaz, Juana Cabezas coincidió, puesto que las alertas tempranas cumplen una función de advertir acerca de los escenarios de riesgo, pero en ocasiones permanecen vigentes porque las amenazas no son atendidas de manera efectiva.

“Las alertas existen como una forma de llamar la atención a las instituciones a las que les corresponde salvaguardar la vida de las comunidades”, explicó la especialista. Sin embargo, señaló que los riesgos continúan, porque las medidas necesarias para reducirlos no siempre se implementan.

De igual forma, la investigadora explicó que muchas alertas continúan vigentes porque las condiciones de riesgo que motivaron que se emitieran no han desaparecido y porque las respuestas de las instituciones son insuficientes.

A la misma conclusión llegó Carlos Rojas, quien sostuvo que estas alertas han demostrado ser acertadas, pero que requieren una respuesta contundente por parte de las instituciones.

“En parte lo ha venido cumpliendo la Defensoría del Pueblo, con las alertas tempranas que han sido bastante buenas en mi opinión, pero esto requiere una acción adicional. No solamente es la alerta, sino la respuesta estatal que garantice la protección de la vida y de la integridad”, aseguró.

Por su parte, Carvajal destacó el trabajo técnico realizado por la Defensoría en el monitoreo en los territorios y la identificación de los riesgos.

No obstante, aseguró que la falla está después de emitir la advertencia: “Lo que no se hace bien es la respuesta del Estado”.

Por ello, el experto sostuvo que esta falta de coordinación impide que las alertas se traduzcan en acciones de prevención y protección de los ciudadanos que habitan en las zonas de mayor riesgo.

¿Se pueden evitar las masacres?

Los expertos consultados coincidieron en que la reducción de las masacres requiere más que el aumento de pie de fuerza en los territorios.

El problema central no reside en la ausencia de alertas, sino en la desconexión entre la información temprana y la respuesta que debería activarse”.

Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz.

Felipe Fernández dijo que una de las prioridades es fortalecer la respuesta ante las alertas tempranas y plantear estrategias diferenciadas para cada región, teniendo en cuenta que las dinámicas violentas de departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca son diferentes.

Rojas, por su parte, consideró que la respuesta estatal se debe articular con una visión regional del fenómeno criminal.

Según expresó, las estructuras ilegales delinquen a través de corredores que conectan municipios y departamentos; sin embargo, las instituciones continúan actuando bajo los niveles administrativos que dificultan que puedan intervenir integralmente.

De la misma manera, Iván Carvajal sostuvo que el Estado debe mejorar la coordinación entre las entidades y fortalecer su capacidad para anticipar los riesgos antes de que ocurran los hechos delictivos: “El violento sí está trabajando regional, sí está trabajando articulado, pero el Estado no”.

Por su parte, Juana Cabezas afirmó que la preocupación es que la tendencia que se observa los primeros meses de 2026 continuó el resto del año y que el país se encuentra cerca de igualar las 78 masacres registradas durante todo el 2025, a pesar de que todavía no termina el primer semestre.

Además, sostuvo que regiones como el Valle del Cauca, Norte de Santander y el Magdalena Medio, entre otras, requieren atención urgente, debido a que se deterioran las condiciones de seguridad, especialmente por la creciente afectación de jóvenes y menores de edad en estos hechos violentos.

Los especialistas concordaron en que el reto consiste en traducir las alertas, diagnósticos e investigaciones de los territorios en acciones concretas de prevención, presencia institucional y protección.

Mientras, en Indepaz hay preocupación porque Colombia vuelva a registrar cifras de violencia que no se observan desde hace una década.

“Estamos esperando que no se vaya a duplicar esa cifra y que no terminemos con más de cien masacres, como hace por lo menos diez años no lo tenemos”, puntualizó Cabezas.