Indepaz informó que ya van 55 masacres en Colombia en 2026; cifra de víctimas se acerca a la registrada en todo el 2025

Cerca de llegar a mitad del 2026, este año empieza a perfilarse como uno más que presenta números negativos en cuanto a masacres ocurridas en diferentes territorios.

Según lo indicó el Instituto par el Desarrollo y la paz (Indepaz), Colombia registra 55 masacres con 236 víctimas mortales, una cifra que se aproxima a los 256 casos documentados durante todo el año 2025.

El conteo, que también ha contabilizado a 59 líderes sociales asesinados en el mismo periodo, se convierte de esta manera en uno de los inicios de años más violentos desde la firma del Acuerdo de Paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.

Los registros de Indepaz, una de las organizaciones que más le ha hecho seguimiento a este tema, da cuenta de que en el 2023 se presentaron 300 víctimas mortales en 93 masacres. Para este año, la cifra es de 236 en apenas cinco meses, lo que ubica al 2026 en una trayectoria apenas comparable con aquel periodo.

El director de Indepaz, Leonardo González, se refirió a estas cifras. Según explicó, “la situación de violencia en Colombia sigue mostrando un deterioro preocupante. En lo corrido de este año ya se han registrado 54 masacres y 59 líderes sociales asesinados”.

Esto, antes de que ocurriera la más reciente masacre, que cobró la vida de tres personas ayer, 17 de mayo, en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. En este lugar, informaron desde Indepaz, hacen presencia el frente Jaime Martínez y el frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local.

El funcionario sostuvo, en diálogo con Noticias RCN, que dichas cifras “reflejan no solo la persistencia de la violencia armada sino también las enormes dificultades del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en los territorios”.

Y puntualizó que lo grave de estos casos es que siempre se tiene conocimiento de que van a ocurrir, argumentando que la Defensoría del Pueblo ha advertido en numerosas ocasiones de los riesgos, a través de alertas tempranas. Según él, las mismas comunidades han denunciado “amenazas, control social, restricciones a la movilidad y presencia de grupos armados ligados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas”.

El director de Indepaz concluyó que “el problema ya no puede entenderse únicamente como un asunto de orden público o de cifras aisladas”, y caracterizó lo que ocurre como “una crisis de prevención y de protección territorial”.