Esto es lo que le costaría a Cali crear un cuerpo de Policía Cívica

Si a cada uno de los 300 integrantes de la Policía Cívica Local en Cali le van a pagar unos $1.800.000 al mes, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, a la ciudad le costaría sostener dicha fuerza $540 millones al mes, es decir, $6480 millones por año.

“Si descontamos las prestaciones sociales, que rondarían los 300.000 pesos, a un policía cívico le quedarían más o menos 1’500.000 cada mes. Sin embargo, sobre la modalidad legal de contratación aún no hay decisión, y eso determinaría el valor final”, indicó el funcionario, quien recordó que Cali puede ser la primera ciudad en implementar esta medida, contenida dentro de la Política de Seguridad Ciudadana del presidente Iván Duque.

Aunque en el documento se aclare que el carácter de esta fuerza complementaria es “permanente, voluntario, no remunerada y bajo la coordinación y control de la Policía Nacional”, también señala más adelante que las alcaldías pueden proponer a los concejos municipales que la labor de estas personas sea pagada.

Las funciones de la Policía Cívica Local, de acuerdo con la Política de Seguridad Ciudadana, se pueden dividir en dos: de un lado, apoyar a las autoridades ya establecidas en la conservación del orden en sitios públicos y la atención de emergencias. Y segundo, en todo lo referente a la convivencia, como la salubridad, el uso del espacio público, el tránsito peatonal y la conservación del medio ambiente.

Una diferencia notable con la Policía Nacional es que esta nueva fuerza no está armada, pero sí cuenta con la capacidad para imponer comparendos.

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“Aunque la actividad sancionatoria está a cargo de la Inspección de Policía, esta nueva fuerza puede aplicarlos y trasladarlos al Sistema Nacional de Información. Esta propuesta llegó a Cali luego de sostener una reunión con el Ministerio del Interior, que nos la planteó directamente. Nosotros queremos ser los primeros en implementar dicha medida”, afirmó Rojas.

De ser así, la iniciativa estaría contenida dentro del Plan de Desarrollo de Cali, que espera estar para estudio del Concejo en el segundo semestre de este año.

Sin embargo, desde hace días hay algunas voces que han manifestado sus dudas respecto del proyecto.

Una de ellas es la del cabildante Roberto Ortiz, que manifestó: “esto le cae como anillo al dedo al alcalde Jorge Iván Ospina para reactivar algo similar a los polémicos ‘guardas cívicos’ de su anterior Administración (que le costaron $44.770 millones al Municipio)”.

De acuerdo con Ortiz, “el Alcalde no puede meter a sus aliados políticos en esto, no puede pagar cuotas burocráticas, sino que deben de ser unas personas que cumplan los criterios de la política”.

A su vez, el concejal Fernando Tamayo indicó que la ciudad “no está preparada para la Policía Cívica”, dados los altos niveles de intolerancia hacia la autoridad.

“Miremos lo que pasa con el cuerpo de agentes de tránsito, que son un cuerpo civil, la cantidad de agresiones diarias que estos funcionarios viven, tratando de poner orden en las vías. La Policía Cívica debe ser posterior al aumento del pie de fuerza pública y la presencia de Policía Militar en algunas comunas del Oriente y ladera”, aseveró Tamayo.

Frente al señalamiento de que con esta iniciativa se busca favorecer a aliados políticos del Alcalde, el Secretario de Seguridad de Cali respondió que ello “no es posible siquiera de imaginar, dado que a pesar de que la Administración local pone los recursos, es la Policía la que selecciona y capacita a las personas que harían parte de la iniciativa, según la Política de Seguridad”.

Además, indicó que se contempla la posibilidad de llevar a cabo una estrategia de cultura ciudadana para hacer frente a la intolerancia de la que podrían ser blanco estos nuevos policías cívicos.

Fundación Ideas para la Paz, FIP, “la idea de civiles que apoyen a la Policía ya existe desde hace tiempo, bien sea como médicos en alguna emergencia, abogados en el control de establecimientos, etc. Pero lo que no puede pasar es que esto se convierta en una fuerza paralela, algo que puede generar confusiones en la ciudadanía y hasta puede ser considerado inconstitucional”.

Bulla afirmó que el Gobierno Nacional, antes de preocuparse por crear una nueva fuerza, debería fortalecer la Policía ya existente, dado que “esta ofrece un servicio profesional y con experiencia”, por lo que se deberían, agregó, crear incentivos para evitar que el déficit de uniformados crezca a raíz de las jubilaciones.

En cambio, a los ojos de Claudia Marcela Giraldo, directora ejecutiva de la Cámara de Seguridad Privada, “la idea no está mal, pero debe estar acompañada de una campaña educativa para que la gente esté enterada de las funciones de la Policía Cívica, actividades que estén atravesadas por el fortalecimiento de la cultura ciudadana”.

Giraldo aseguró también que “cuando ya se esté implementando, debe haber un seguimiento y control para conocer cuáles fueron los cambios reales que esta iniciativa de la Presidencia de la República va dejando en el camino”.