El crimen de Karina García fue solo otro episodio en la guerra que ha soportado Suárez

Este artículo inicia y termina con dos canciones diferentes. La primera es ‘Amor eterno’, interpretada por Rocío Dúrcal.

“Como quisiera, ay / Que tú vivieras / Que tus ojitos jamás se hubieran / Cerrado nunca y estar mirándolos”.

La melodía —reproducida desde un celular— servía de fondo a los lamentos de una mujer que abrazaba una pancarta con el rostro de Karina García Sierra, candidata liberal a la Alcaldía de Suárez, Cauca, asesinada el pasado domingo en el corregimiento La Betulia junto con otras cinco personas, entre ellas su madre Otilia.

La escena se desarrollaba en la finca del padrino de Karina, un día después de la tragedia, en donde estaban reunidos familiares y seguidores, entre ellos esa mujer que apretaba la pancarta y cuya foto fue sumamente comentada y compartida.

Pocos querían hablar al respecto. El esposo de Karina era consolado en una esquina del patio y un niño de tres años apenas parecía darse cuenta de que era huérfano de madre. Solo el padre de la candidata, Orlando García, dijo unas cuantas palabras a los medios:

-Estamos sufriendo las consecuencias de la indolencia de este país, de un país guerrerista, de los resultados de una falsa paz en donde los grupos armados atacan a las personas de bien. Todo el municipio está viviendo una ola de violencia.

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Tan solo un día antes, y en el mismo corregimiento, había ocurrido otra masacre. Dos mujeres y un hombre habían sido acribillados luego de que personas armadas los obligaran a descender de un vehículo a la altura de la vereda El Amparo. Y tan solo 24 días antes, el pasado 15 de agosto, la Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana exclusiva para el municipio, la tercera desde abril del año pasado.

11.229 habitantes de tres barrios del casco urbano, 55 veredas, ocho consejos comunitarios y un resguardo indígena estaban expuestos a un alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos, según advirtió la agencia del Ministerio Público en su momento.

Y son exactamente esa cantidad de personas —o más— las que levantan un muro casi impenetrable de silencio cada vez que alguien pregunta: ¿qué acaba pasar? No es extraño que cuando la prensa llegó un día después del asesinato de Karina y su comitiva, los suareños dirigiesen miradas fruncidas a los periodistas, llenas de una infinita reserva.

-La única forma de sobrevivir es no abrir la boca a absolutamente nadie. Y por salud mental, mejor es no preguntar nada. Mientras menos se sepa, mejor le va a uno.

El comentario es de una habitante del corregimiento La Betulia, quien pide permanecer en el anonimato. A diferencia de quienes piensan que municipios nortecaucanos como Suárez están regresando a la violencia de antaño, la mujer asegura que en el monte nunca cambia nada.

Los masacres ocurridas como las del fin de semana pasado no son nuevas en Suárez. El proyecto periodístico e investigativo de Rutas del Conflicto registra dos: una ocurrida en diciembre del 2000, cuando paramilitares del Bloque Calima de las AUC asesinaron a cuatro campesinos de las veredas de Unión Olivares y San Pablo, y otra registrada en mayo de 2013, fecha en la que un grupo de hombres armados sin identificar también arrebataron la vida de cuatro campesinos del corregimiento La Toma.
-Y es que mire que por allá en los años 80, cuando yo era adolescente -relata la habitante de La Betulia-, mi papá tuvo que mandarnos a mí y a mis hermanos a otro lado para evitar que la guerrilla nos reclutara, pues en ese entonces buscaban jóvenes, incluso mujeres, para que se enlistaran en sus filas.

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La señora da una pequeña pausa y retoma sus recuerdos:

-Mientras a mis hermanos los mandaron al casco urbano y otro al municipio de Rosario, a mí me enviaron a estudiar a Buenos Aires. Mi papá nos decía que bregáramos vida en esos lugares, porque en donde nos criamos no había esperanza.

Y pese a que algunos suareños experimentaron una breve calma tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, sienten que los enfrentamientos de hace años regresaron, pero con uniformados y ambiciones diferentes a los de antes. No son los subversivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora son ‘Los Pelusos’, también conocidos como EPL, y los disidentes de la columna móvil ‘Jaime Martínez’.

Es precisamente a esta, y a su cabecilla alias Mayimbú, a quien se le acusa de la masacre ocurrida el domingo pasado; un grupo de casi 124 personas que también opera en Buenos Aires y la parte alta de Jamundí, Valle, según fuentes de inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, que explican que la ‘Jaime Martínez’ busca apoderarse de los cultivos ilícitos de la región y de las ‘vacunas’ cobradas al narcotráfico.

“Suárez es un municipio estratégico por su cercanía a la ruta del Naya, que conecta con el Pacífico y que es un corredor perfecto para el tráfico de estupefacientes, armas y movilización de grupos armados”, anota Rossi Jaír Muñoz Solarte, defensor regional.

El funcionario recuerda que los enfrentamientos entre estas estructuras criminales no solo provocan zozobra en la comunidad, sino también desplazamientos forzados. Cita una fecha: el 7 de diciembre de 2017. Luego de que siete ‘pelusos’ murieron tras una confrontación con las disidencias en el sector conocido como Cerro Tijeras, 941 personas tuvieron que abandonar sus hogares, al menos de forma temporal.

La Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo va directo al grano: “La incertidumbre es una característica fundamental dentro de este escenario, toda vez que la población civil, que había logrado sobrevivir con un grupo armado ilegal en su territorio, se ve enfrentada ahora a varios grupos armados ilegales, que al parecer se encuentran desprovistos de elementos políticos e ideológicos, y están volcados sobre el control de las economías ilegales”.

El documento también advierte sobre los 40 panfletos amenazantes registrados hasta el pasado 2 de julio. 19 de ellos fueron atribuidos a las disidencias de las Farc; 14 a las ‘Águilas Negras’; uno a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; y el resto no se pudo identificar su procedencia.

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Muñoz Solarte asegura que tras el consejo de seguridad sostenido con el Ministerio de Defensa y las autoridades regionales, dada la masacre del domingo pasado, el pie de fuerza se redobló en el municipio, en especial con la presencia indefinida de más hombres de la Tercera Brigada.

Aun así, la incertidumbre y la zozobra de los suareños sigue vigente.

-Pueden enviar ayudas humanitarias o incrementar los policías y militares, pero a los ocho días se les olvida por completo qué fue lo pasó aquí. Y es que uno debe olvidar y callar para sobrevivir.

Y así como empezó, este artículo termina con una canción. En la noche del pasado lunes cerca de 100 suareños se agruparon en una ‘velatón’ que conmemoraba la muerte de Karina García y las otras cinco personas. En determinado momento, 10 mujeres cogidas de las manos formaron un círculo alrededor de las fotos de las víctimas. Mientras agitaban los brazos, cantaban ‘Color esperanza’, de Diego Torres.

“Saber que se puede querer que se pueda / Quitarse los miedos, sacarlos afuera / Pintarse la cara color esperanza / Tentar al futuro con el corazón”.


El mensaje era claro: Nunca más.

Eran alrededor de las 7:30 p.m. del domingo 1 de septiembre cuando hombres armados empezaron a disparar y a lanzar granadas contra la camioneta Toyota en la que se movilizaba la candidata Karina García Sierra, quien falleció junto con su madre Otilia; Aidé Troches, representante de la Mesa de Víctimas; Héctor González, presidente de la JAC del barrio Las Brisas; Yeison Obando, candidato al Concejo; y Lavedis Ramos, seguidora de la campaña de Karina.

Solo el escolta de la candidata logró sobrevivir. Actualmente, es atendido en la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali.

Luego de que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, acusó a la columna disidente ‘Jaime Martínez’ del hecho, anunció una recompensa de $100 millones por información que permita la captura de Leider Johani Noscué, ‘Mayimbú’, jefe de la disidencia. La cifra aumentó a $1000 millones, según una emisión del presidente Iván Duque el jueves pasado.