Comunidad denuncia que supuestos disidentes abatidos en en Putumayo eran campesinos

Marzo 30, 2022 - 07:29 a. m. 2022-03-30 Por:
Redacción El País
Ejercito

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuenta más de 6.402 casos de falsos positivos que sucedieron durante el conflicto hasta el año 2016.

Galería de El País

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, y la comunidad del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, aseguran que el Ejército Nacional asesinó a ocho campesinos y un líder indígena de la zona y no a disidentes de las Farc.

Las declaraciones también señalan que este hecho se presenta como un ‘falso positivo’, pues en aras de mostrar resultados, el Ministerio de Defensa y las autoridades ejecutaron a líderes de la zona.

Lea además: "Me la torturaron": Madre de Mary Luna, menor asesinada en La Victoria, Valle

Cabe recordar que el hecho se presentó el pasado 28 de marzo y fue confirmado por el presidente Iván Duque, quien a través de su cuenta de Twitter detalló lo que había ocurrido.

El Ejército Nacional señaló que de los cuatro supuestos miembros que fueron capturados, había una mujer en estado de embarazo, la cual fue trasladada a un centro asistencial de salud. Ante esta información, en un comunicado de prensa, la Opiac consideró que la información suministrada “no concuerda con la realidad” del caso.

De igual forma, declaró que dentro de las personas asesinadas se encuentra la autoridad indígena y gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche.

“Como se observa, dentro de las víctimas del proceder ilícito de la fuerza pública, se cuentan además de padres de familia un Gobernador Indígena en ejercicio”, afirmó la Opiac.

Así mismo, la Fundación de la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, afirmó a través de un comunicado que entre las víctimas se encuentra Didier Hernández Rojas, presidente de la junta de acción comunal.

Ante estos hechos, la Opiac pidió a la Fiscalía General de la Nación que indague “las condiciones reales en las que ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército nacional”, y a su vez, le solicitó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que “garantice una investigación objetiva y garante del derecho, la cual proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración de la escena por parte de la fuerza pública”.

Lee todo el contenido de El País sin límites. Suscríbete aquí
VER COMENTARIOS