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Así han funcionado las Casas de Justicia durante la pandemia en Cali

Septiembre 28, 2020 - 09:47 a. m. Por:
 Alfredo García Sierra, reportero de El País
casa de justicia

Líderes. De izquierda a derecha, Mayelli Tasamá, coordinadora de la Casa de Justicia del Distrito de Aguablanca; Milena Barco, promotora de la modernización; Luz Ángela Andrade de la CCJ de Siloé y Sandra González, funcionaria de enlace de las CCJ.

Foto: Raúl Palacios / El País

Al principio fue complicado porque la pandemia llegó de manera inesperada. Pero las tres Casas de Justicia que operan en Cali continuaron atendiendo a las comunidades en medio de la amenaza del Covid-19, ya que su labor no podía suspenderse, aún a costa de los riesgos de sus propios funcionarios.

De allí, que durante los seis meses de la emergencia sanitaria se hayan resuelto centenares de conflictos de convivencia y pleitos por pequeñas causas, y enfrentando, fenómenos como la violencia intrafamiliar, que aumentó en medio de las cuarentenas por el hacinamiento forzoso de los hogares.

Al frente de la coordinación de esas instituciones está un comprometido grupo de mujeres que a diario es testigo de los dramas cotidianos de familias desplazadas, de víctimas de la violencia de género y jóvenes vulnerables.

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“La pandemia fue un gran reto. Ofrecimos los servicios a las personas, sin arriesgar a la comunidad. Por eso reforzamos la atención virtual, a través de correos electrónicos y por vía telefónica”, dice Mayelli Tasamá, coordinadora de la Casa de Justicia del Distrito de Aguablanca, la segunda que se abrió en Colombia hace 25 años, y que sigue siendo un referente nacional.

Fue la oportunidad, anota, de “que la gente continuara muy acompañada y que sus conflictos fueran atendidos a pesar de las dificultades”, y el temor por los eventuales contagios del covid.

Esa institución, como las Casas de Justicia ubicadas en Siloé y el barrio Alfonso López articulan su trabajo gratuito con una Comisaría de Familia y una Inspección de Policía, y cuentan con los servicios de la Fiscalía General, Medicina Legal y de la Registraduría y de asistencia jurídica.

Mayelli, sicóloga de profesión, conoce desde hace 20 años los complejos problemas de esa deprimida zona de Cali, habitada por 800.000 personas, y donde la violencia está atada a la pobreza, las migraciones, el microtráfico y el desempleo.

Durante la actual emergencia sanitaria se han incrementado las denuncias de violencia intrafamiliar en muchos hogares. En la mayoría de los casos las víctimas han sido las mujeres.

Por eso recalca que las “estrategias de prevención (contra el delito y el consumo de sustancias sicoactivas), el impulso al liderazgo y la educación con el apoyo de nuestro grupo psicosocial y con las madres comunitarias, y en materia de derechos humanos, forman parte de nuestro trabajo diario”.

Y precisamente uno de los complejos problemas que ha merecido especial atención en Aguablanca durante la pandemia, es el agravamiento de la violencia intrafamiliar.

De hecho, en esa Casa de Justicia, o de Los Mangos, (como también se le conoce) fueron denunciados 1100 casos de maltrato entre mediados de marzo y agosto último. En 770 de ellos, las víctimas fueron mujeres, incluyendo a su vez inasistencia alimentaria a menores de edad.

Bajo ese fenómeno se han reportado, asimismo, hechos de violencia sexual, económica, sicológica, y hacia niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, al igual que inconvenientes en materia de convivencia entre vecinos.

Los servicios de las Casas de Justicia, CCJ, se prestan de manera gratuita. Sicólogos, abogados, trabajadores sociales y autoridades policiales, trabajan de manera conjunta.

Los responsables, señala Mayelli, han sido llamados a responder ante las autoridades, a la vez que se evaluaron los patrones de riesgo de las personas comprometidas.

En otras ocasiones se acude a la figura de la conciliación (con mediación policial), lo que facilita acuerdos en un 90% de los casos, en especial cuando surgen conflictos entre inquilinos y dueños de viviendas. Hasta el momento van unos 700 procesos de conciliación. “Así hemos cumplido. Aquí el tema no es de miedo, sino del acompañamiento a la comunidad”, afirma Mayelli.

Una misión compleja

Otra de las Casas de Justicia, que próximamente tendrá el primer Centro Público de Conciliación de Cali, es la que funciona en el populoso barrio Alfonso López. Su coordinadora, Gloria Lenis, relata que hace poco la sospecha de un caso de covid puso a sus 24 funcionarios en alerta y aislamiento preventivo. Pese a esa amenaza, la casa siguió operando de manera virtual.

“Hemos dado servicio de acceso a la justicia a la comunidad todo el tiempo. Y en especial para recibir denuncias de casos de maltrato intrafamiliar, aumento de las riñas, los problemas de convivencia, y el irrespeto a las medidas de confinamiento”, dice.

La Casa de Justicia de Aguablanca fue la segunda que se inauguró en Colombia. Por eso, sigue siendo un referente a escala nacional por sus métodos de trabajo social y preventivo.

Sin embargo, en la cuarentena se visibilizaron más las quejas por el incumplimiento en el pago de arriendos. Eso generó un dilema: el inquilino que perdió su empleo, y por otro lado está la propietaria que sobrevive con ese canon mensual.

Por fortuna, destaca Gloria, la mayoría de los casos fueron resueltos mediante el mecanismo de las conciliaciones de equidad –con la mediación de un tercero— y en las Inspecciones de Policía. En una reciente ‘conciliatón’ se lograron 20 acuerdos amistosos entre ciudadanos en una misma jornada.

En Siloé, el reconocido sector popular ubicado en las lomas de Cali, el panorama ha sido muy similar. Allí, afirma la coordinadora de la Casa de Justicia, Luz Ángela Andrade, “los casos de violencia intrafamiliar sumaron 401, los cuales fueron atendidos por la Comisaría de Familia”.

Y como complemento a esa labor, se brindaron servicios de asistencia jurídica, sicológica y pedagógica de manera virtual. Señala que una de las limitantes precisamente es que mucha gente no tiene internet, lo que dificulta a veces reforzar el contacto para llegar a las conciliaciones.

En tal sentido, Luz Ángela, resalta, que “es importante que las Casas de Justicia sean más visibles entre la ciudadanía, ya que muchas personas no conocen de su existencia, y por eso no tienen un acceso oportuno y gratuito a la justicia. Incluso no saben qué es una Comisaría de Familia”.

Para tal efecto, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, a cargo de Aldemar Guevara, aprovechando el programa Guardianes de Vida de la Secretaría de Salud, puso en marcha una campaña para que los caleños acudan a esos establecimientos donde se les brinda atención de forma gratuita.

Líneas de acción

A propósito, el subsecretario Guevara pone de presente que las Casas de Justicia han sido indispensables para la convivencia ciudadana, aún en medio de la pandemia. Para ello, se dispuso personal en diferentes turnos y jornadas para la atención a los usuarios.

“Si algo se ha podido detectar en esta emergencia son los problemas de violencia intrafamiliar, aunque llegamos a pensar que se iban a reducir por el aislamiento. Así, el papel de las Casas de Justicia ha sido fundamental”.

Destacó que “en parte ese fenómeno obedece al agotamiento mental y a la angustia económica entre las personas, siendo por lo tanto algo muy preocupante, ya que al principio no se denunciaron muchos casos”.
Infortunadamente, señala Guevara, mujeres y niños han sido las víctimas del maltrato en esta coyuntura.

Relanzamiento y modernización de las Casas de Justicia

En pocas semanas, las tres Casas de Justicia en Cali entrarán en una etapa de relanzamiento y modernización, tarea que es liderada por el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, y Milena Barco, funcionaria encargada de impulsar ese proceso.

“Es un proyecto movilizador que busca llegar a un proceso de transformación para convertir a Cali en una ciudad inteligente. Eso incluye dispositivos de innovación ya que se trata de acercar más a los ciudadanos el acceso a la justicia con el apoyo de herramientas tecnológicas”, señala la comunicadora Barco, quien es especialista en Desarrollo Social.

Para reforzar esa tarea, las Casas de Justicia contarán con una tecnología moderna y un personal capacitado para enfrentar ese reto. “Para ello le apostaremos a una plataforma que desde el 2020 y hacia el año 2023 unificará formatos, procesos y procedimientos”.

La idea, agrega, es dotar a esas instituciones de medios digitales para que puedan agilizar el trabajo de acceso a la justicia de un mayor número de personas de la comunidad. En un futuro la proyección es contar con expedientes digitales para manejar una información más real acerca de las complejidades del comportamiento social y económico de la población caleña.

“Ese mayor acceso a la justicia se hará con enfoque de género”, es decir, con énfasis en la protección a las personas más vulnerables como las mujeres, los niños y niñas”, señala la experta Barco.

El relanzamiento de las Casas de Justicia se hará a finales de este mes de septiembre. Ese proyecto forma parte del compendio de iniciativas que contempla el Plan de Desarrollo del alcalde Jorge Iván Ospina.

Cabe recordar que el modelo de las Casas de Justicia se creó a partir del Decreto 1477 de 2000 para facilitar a los ciudadanos como centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos.

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