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El informe Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021, realizado en el marco del Proyecto Simci, de la ONU, señala que la pandemia y pospandemia se han convertido en una oportunidad de diversificación de los actores criminales dedicados al tráfico de cocaína. | Foto: Foto: El País.

VALLE

Así están operando los carteles mexicanos en Colombia

n el nuevo ajedrez de la mafia hay dos actores principales: los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Así operan.

16 de noviembre de 2022 Por: Redacción de El País

La relación entre los carteles mexicanos y Colombia data desde la década de los 80 cuando aún existían los carteles de Cali y Medellín, con los cuales, desde entonces, ya existía un nexo asociado al tema del narcotráfico.

En épocas más recientes, carteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa tomaron gran fuerza en el crimen trasnacional, lo que les ha permitido desarrollar todas sus actividades ligadas a las rentas ilícitas en conexión con otros países, entre ellos Colombia.

Otro componente que marcó la llegada de los carteles mexicanos al país, fue la firma, en el 2016, del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, que dejó un vacío de poder por parte de este grupo armado, que fue ocupado por otras estructuras criminales que vienen operando hasta la fecha como el Clan del Golfo, ELN y Los Caparros, a los que se sumaron, en el 2018, las disidencias de las Farc.

Una investigación adelantada por la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en el 2020, identificó que hay un relacionamiento entre el cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo, a través de la articulación o trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización de la cocaína.

“La relación entre los carteles mexicanos y grupos armados colombianos se da a través de la articulación, pero también de la financiación, bien sea con capital o armas. Esto permitió el fortalecimiento de algunas estructuras armadas como el Clan del Golfo”, explicó Francisco Javier Daza, investigador nacional de la Fundación Pares.

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No obstante, descartó una ‘mexicanización’ en algunas zonas del país, pues si bien existe presencia de algunos integrantes de los carteles mexicanos, no es cierto que sea un grupo numeroso que permita tener el control de un territorio.

Dos grandes actores

Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflictos armados, señala que con la caída de los carteles locales “Colombia se llenó de coca y se convirtió en el primer productor en el mundo. Sin embargo, con la caída de los carteles, los colombianos perdieron el monopolio de la distribución en los Estados Unidos y el tránsito de la droga, que terminó en mano de los mexicanos”.

En este nuevo tablero de ajedrez de la mafia hay dos actores principales: los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Según el experto, las dos grandes rutas colombianas son la costa Pacífica Nariñense y Caucana, por donde sale el 70 % de la cocaína, así como la frontera con Venezuela, en la zona del Catatumbo.

El cartel de Sinaloa es el gran comprador de la primera ruta que se conoce como el ‘Arco del Pacífico’, mientras Jalisco Nueva Generación domina la segunda, llamada el ‘Arco del Caribe’.

“Estos dos carteles son los que manejan el gran monopolio de la compra y venta de cocaína en el país”, expresó el investigador.

En cuanto a una presunta mexicanización del narcotráfico, Rosanía indicó que tras una investigación en terreno, encontraron que Sinaloa tenía dos o tres emisarios en el país, que a su vez contrataban un grupo grande de seguridad a los que les decían ‘los mexicanos’, pero en realidad son colombianos.

“Los carteles no son dueños de los cultivos, ni de laboratorios, su negocio es comprar y vender en Estados Unidos y Europa. También pudimos evidenciar que hay un negocio en doble vía en toda América Latina, y es que así como suben coca bajan armas. Por eso, alias Guacho tuvo la capacidad de armar tan rápido una estructura criminal. Dentro de la negociación hay una parte en dólares y otra en armas”, reiteró Rosanía.
El armamento tendría dos destinos: las armas de largo alcance son para los grupos armados y las de corto alcance, el mercado negro de las ciudades.

Por su parte, el coronel (r), Jhon Marulanda, indicó que los contactos con los carteles mexicanos se hacen especialmente en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Acerca de si tienen alguna incidencia en el auge de la criminalidad en el país, precisó que “la delincuencia organizada mexicana es muy pragmática, sabe que es un negocio al alza en el mundo entero y se dedican a comprar en Nariño, Tumaco o en Tibú, frontera con Venezuela, por donde sale la droga vía aérea hacia Centroamérica y México, pero no se involucran en los conflictos locales”.
Esto fue corroborado por Rosanía quien aseguró: “En sí los que están en la guerra, en los territorios son los grupos armados colombianos”.

En Colombia también se ha identificado la presencia de centroamericanos que se articulan a la cadena de producción, regulación y comercialización de la cocaína.

Accionar en el Valle

Entre tanto, el defensor del Pueblo, Gerson Vergara, manifestó que la entidad emitió una alerta temprana a comienzos de año advirtiendo la presencia de grupos foráneos y que tienen una relación directa con grupos locales.

“Ellos financian las estructuras locales para comercializar y transportar la droga, pero que existan grupos mexicanos ejerciendo un control territorial, eso no funciona así”, afirmó.

Obviamente, esta ‘relación comercial’ representa un riesgo, especialmente para las poblaciones más vulnerables, pero “no me atrevería a decir que tengan un impacto directo en el tema de homicidios”.

Agregó que el ejercicio de intermediación con estos carteles tiene como epicentro la ciudad de Cali que sirve como espacio de ‘negociación’ para compra de armas, etc.

En el municipio de Jamundí se ha evidenciado un crecimiento exponencial de los cultivos de uso ilícito, al punto de que tiene el 60 % de la droga que existe en el Valle, que obedece a la dinámica de extensión que viene del norte del Cauca.

Para la Defensoría debe haber una acción disuasoria por parte del Estado, pero también garantizar una mayor oferta institucional que mejore las condiciones de vida de las poblaciones de estos territorios.

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