Análisis: las lecciones que deja el escándalo por el caso Rosa Elvira Cely

El sorprendente argumento jurídico del Distrito Capital, que calificó a la víctima como culpable de su muerte, deja lecciones de fondo para las mujeres colombianas. Una socióloga caleña lo explica.

Nuevamente las mujeres estamos en la agenda pública, por causa de uno de los problemas que más nos lastima: los feminicidios. Sin embargo, en esta oportunidad el mismo viene acompañado de otra palabra que se ha normalizado en los discursos cotidianos: la re-victimización.

El pasado sábado el diario El Espectador reveló el argumento central que la Secretaría de Gobierno de Bogotá esgrimió para responder a una demanda interpuesta contra el Distrito, en el lamentable caso de Rosa Elvira Cely.

Según el cuerpo de abogadas que preparó la defensa de la Alcaldía Distrital, “Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

Para refrescar un poco la memoria de éste, un país que pareciera sufrir la amnesia macondiana, cabe recordar que Rosa Elvira fue encontrada el 24 de mayo de 2012, en las alturas del Parque Nacional en Bogotá, con aterradores rastros de agresión sexual.

Ella, en medio de su angustia y dolor, alcanzó a hacer un par de llamadas a la Policía para pedir auxilio, haciendo énfasis que había sido víctima de una violación; sin embargo, la atención médica sólo la recibió mucho tiempo después, para finalmente morir en un hospital.

¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en todo esto?O, para preguntarlo de manera más general, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el Estado ante los feminicidios?

Una de las características más comunes, cuando se investigan estos casos, es encontrar que los agresores ya tenían antecedentes por violencias de género (como sucedió en el caso de Rosa Elvira), o pesaban contra ellos medidas de aseguramiento que nunca se cumplieron, u órdenes de captura que tampoco se tramitaron.

Es decir que las mujeres en Colombia son obligadas a vivir con el temor de que su agresor esté suelto y las violencias se reiteren.

A todo esto se le denomina responsabilidad por omisión, y la misma es generada por el Estado al no tomar las medidas adecuadas de forma oportuna para evitar que una mujer sea asesinada por el sólo hecho de ser mujer.

Pareciera que tuviesen que suceder casos como los de Rosa Elvira para que se fortalezcan las leyes que contribuyen a reducir las violencias de género. Y sin embargo, pese a estar registradas en papel, las mismas no son suficientes para combatir el fenómeno, pues las estadísticas de agresión por este motivo siguen siento altas en nuestro país y son de las más alarmantes en toda América Latina.

Entre 2009 y 2014, según un estudio del Instituto de Medicina Legal, se presentaron en Colombia 8.020 homicidios de mujeres, lo que significa una tasa de 5.7 homicidios por cada cien mil habitantes. Si se tiene en cuenta que la tasa entre 2004 y 2008 fue de 5.8, realmente “no se ha presentado una variación en los últimos 11 años”, concluyó ese informe.

El segundo aspecto a evaluar en este caso es la re-victimización que se generó cuando el Distrito Capital señaló en su argumento jurídico que Rosa Elvira fue la única responsable de lo que le sucedió.

Si bien el escándalo mediático llevó a las autoridades bogotanas a retractarse y ofrecer excusas posteriormente, lo cierto es que ese tipo de justificaciones son bastante comunes en la sociedad colombiana: “¿Por qué salió a esa hora?”, “¿Por qué iba vestida de esa manera?”.

Se trata de argumentos que eliminan toda responsabilidad del agresor y culpabilizan a las mujeres por una violencia que agrede o elimina cualquier identidad femenina (y hago énfasis en esta palabra porque las mujeres trans también son víctimas de estas violencias).

Lo que no deja de sorprender en este caso es que sea el mismo Estado quien se escude en un discurso misógino para no aceptar su responsabilidad; el mismo Estado que obliga a las víctimas a conciliar, que deja libres a los agresores, que no llegó a tiempo para atender a Rosa Elvira; el mismo Estado que tiene la obligación de promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Toda esta situación da cuenta de cómo el machismo es tan imperante aún en nuestra sociedad, que incluso las instituciones estatales reproducen sus lógicas. Mientras el argumento sea culpabilizar a las mujeres por las violencias basadas en género, será muy complejo hablar de la erradicación de estas.

Las agresiones y los feminicidios no son culpa del lugar, la hora, la falda o el escote; las violencias contra las mujeres son producidas por aquellos cuyo machismo llega a tal nivel de considerar que el cuerpo, los proyectos y la vida de una mujer son de su propiedad.

Hoy el movimiento de mujeres en todo el país se solidariza con la familia de Rosa Elvira y de todas aquellas que han sido víctimas de cualquier agresión. Es pertinente levantar la voz contra el pronunciamiento de la Secretaría de Gobierno y de todos aquellos que continúan sospechando de nuestra responsabilidad ante una violencia que discrimina, cosifica, agrede y asesina.

Retomando la consigna “si tocan a una, respondemos todas”, la resistencia debe continuar para insistir en que ningún argumento es válido para justificar la violencia de género.

Más allá de este escándalo, Colombia debe reflexionar sobre la necesidad de avanzar en la eliminación de esas ideas que continúan legitimando las violencias contra las mujeres, y que hacen que sus derechos sean solo palabras en un papel.

* Socióloga - Universidad del ValleIntegrante del Movimiento Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia