Amenazas asustan a inversionistas

Amenazas asustan a inversionistas

Junio 26, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Alejandra Bonilla Mora y Lucy J. Bueno | Colprensa
Amenazas  asustan a inversionistas

El presidente Juan Manuel Santos encabezó un Consejo de Seguridad en Arauca, para analizar la situación de orden público en el departamento. Lo acompañaron el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el consejero presidencial para la Seguridad y la Convivencia, Francisco Lloreda y los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El presidente Santos anunció que expulsará a una petrolera por pagar extorsiones. Inversionistas piden más garantías.

Recientemente se han repetido hechos de violencia contra multinacionales petroleras o de explotación minera. Estos casos reabrieron el debate sobre si el Estado está en capacidad de otorgar la seguridad necesaria a la que el presidente Juan Manuel Santos denominó una de sus principales ‘locomotoras’: la de las empresas extranjeras que invierten en el país.En marzo, 23 trabajadores colombianos de la empresa South American Exploration, contratista de la multinacional petrolera Talismán, fueron secuestrados en zona rural de Puerto Príncipe, Vichada. Aunque 22 fueron liberados por la presión del operativo de la Fuerza Pública, el hecho evidenció lo que al parecer no ha dejado de pasar: las empresas multinacionales estaban siendo extorsionadas e, incluso, hostigadas. Días antes del secuestro masivo, un petardo había afectado la sede de la contratista.El pasado 8 de junio fueron secuestrados tres trabajadores de origen chino y uno albanés de la petrolera Emerald Energy, en San Vicente del Caguán. Si bien la Fuerza Pública emprendió un operativo para lograr que fueran liberados por presión, fuentes señalaron que los guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero lo internaron en la selva.Mientras analistas insisten en que la seguridad para la inversión extranjera preocupa cada vez más, las empresas estiman que debe haber tanto un esquema de acompañamiento de la Fuerza Pública como una seguridad jurídica para adelantar su labor. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos anunció que de comprobarse la versión de que una empresa extranjera estaría pagando una ‘vacuna’ (extorsión) a grupos ilegales, esta será expulsada del país.“Hace quince días las Farc quemaron un campamento en Tibú, Norte de Santander, de una multinacional petrolera. La extorsión está creciendo. Solamente en Bogotá más de 20 compañías han recibido cartas de extorsión de las Farc. Quieren que las empresas negocien con ellos en Arauca, Casanare y Cauca”, denuncia el analista John Marulanda, quien tiene como campo de trabajo la seguridad del sector petrolero.Una alertaMarulanda estima que hay una gran preocupación por parte de las empresas matrices de las petroleras, acerca de lo que está pasando y cómo se está desarrollando la seguridad en las áreas donde trabajan, que son remotas y de alto riesgo. Ante esta situación, el Ejército tiene disponibles el 20% de sus hombres (216.942 efectivos) para la protección de la infraestructura económica.Se trata principalmente de seguridad de área ya que como dice el analista León Valencia, es prácticamente imposible militarizar cada punto de exploración. Pero en casos específicos, previo análisis, se delimita un perímetro especial para actuar. No obstante, lo que priorizan las Fuerzas Militares es la denuncia pronta, para poder reaccionar a tiempo.“Las casas matrices de las principales petroleras en el mundo se están preguntando sí se está dañando la seguridad en Colombia. Se necesita con urgencia que las fuerzas de seguridad del Estado garanticen de alguna manera la seguridad operacional de todas estas empresas”, dice Marulanda.“Se requiere que en los sitios donde las empresas estén operando haya mínimos de seguridad, que no estén a merced de los grupos armados, sino que tengan una operación segura en el marco de su trabajo. Pero además, debe haber una seguridad jurídica fuerte para invertir en Colombia. Esto es, que las decisiones tomadas por la Fiscalía y por los jueces no se vean como persecución a una empresa”, opina el director del departamento procesal de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, Julio Andrés Sampedro.El Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, manifestó a Colprensa que confía en el compromiso del presidente Santos para garantizar el orden público: “El presidente Santos fue ministro de la Defensa exitoso, de tal manera que para él garantizar la seguridad a los colombianos es un compromiso diario. Existen, sin embargo, coletazos del terrorismo, con casos focales y puntuales, pero tengan la absoluta seguridad de su responsabilidad con el país”.Por su parte, el ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, hoy directivo del Partido de la U, analista económico y conferencista internacional, advirtió que “el país logró un avance enorme en el gobierno Uribe en el concepto de la seguridad democrática y no se puede perder, es un tema que hay que cuidar todos los días. La culebra está viva”.Varias empresas y gremios consultados por Colprensa manifestaron su acuerdo con el anuncio de Santos de expulsar a la empresa multinacional, bajo el argumento de que en caso de extorsión se debe acudir inmediatamente a la Fuerza Pública, denunciar y no pagar, pues, de otra forma, se estaría financiando al terrorismo. No obstante, Sampedro, estima que para que eso suceda se necesitaría de “una decisión judicial para expulsar a esas empresas”, que él no ve claro cómo podría sustentarse legalmente.Sobre el tema, León Valencia opinó: “En la costa (Caribe) pasaron de pagar ‘vacunas’ a la guerrilla para pagarles a los otros y fortalecerlos, entonces ahí está el reto: ¿el Estado es capaz de protegerlos?”.Mientras Marulanda explica que las empresas necesitan tener un esquema de seguridad propio y trabajar de la mano de las autoridades, Sampedro afirma que el esquema propio no puede reemplazar el acompañamiento de las autoridades.León Valencia va más allá. Para él, parte de la violencia que ha sufrido el país tiene que ver con la disputa por las riquezas, por las regalías del petróleo o mineras, que en el pasado terminaron en manos de políticos que se asociaron con los paramilitares.Por esa razón, estima que el reto del presidente Santos para aprovechar esos recursos y rescatarlos de las manos ilegales implica hacer una política no sólo militar, sino también social, acompañada con las comunidades locales y una fuerte depuración en la Fuerza Pública.“Debe haber un proceso para enfrentar esos grupos y sobre todo a los políticos que les sirven de cobertura a esas fuerzas, enfrentar a los empresarios que se asocien con ellos, tiene que haber depuración en la propia Fuerza Pública”, asegura, mientras recuerda casos como los de las empresas Drummond o Chiquita Brands, investigadas para establecer si financiaron al paramilitarismo.Mejoran calificaciónParadójicamente, en sólo tres meses las tres mayores calificadoras del mundo subieron las notas de los bonos de deuda colombianos, con lo que el país cuenta con un grado de inversión que hace doce años no tenía.Entonces surgen varias preguntas: ¿los empresarios y grupos económicos se sienten seguros para hacer sus inversiones?, ¿qué opinan de la política de seguridad que existe hoy?En diálogo con Colprensa, algunos empresarios compartieron sus opiniones.Para Federico Restrepo Posada, Gerente General de EPM, “el país ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos ocho años en materia de seguridad, devolviéndoles la confianza no solo a los inversionistas nacionales, sino también a los extranjeros”.Javier Arango Tabares, de la Subdirección de fraudes de UNE y presidente de la comisión de Defensa de la Infraestructura Ahciet, que agremia a empresas de telecomunicaciones a nivel internacional, comentó que en el sector “por hurto se han registrado en el 2010 pérdidas por más de 5 mil millones de pesos y en el 2011 las pérdidas ascendieron a 1.500 millones de pesos”.Asimismo, señaló que “donde hay problemas de orden público se hace un trabajo con la comunidad, que nos da la oportunidad de entrar a construir o a mantener”.Por su parte, Claudia Ríos, directora de Comunicaciones de Gas Natural Fenosa, comentó que “podemos adelantar nuestra operación normal en todas nuestras zonas de influencia sin mayores dificultades y en el pasado cuando se ha presentado (la extorsión), hemos contado con el acompañamiento de las autoridades competentes”.Los actos recientes han empezado a hacer subir el termómetro de las preocupaciones. De las acciones que tomen el gobierno y las Fuerzas Armadas en el corto plazo, dependerá que esas señas no hagan frenar o, aún peor, descarrilar la locomotora de la inversión.

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