A la cárcel fue enviada Beatriz Jiménez, Personera de Tuluá

Los hechos, materia de investigación, están relacionados con un trámite fraudulento en un contrato para la reparación de 15 bancas del parque de la Sagrada Familia, ubicado en el barrio Nuevo Alvernia de Tuluá.

A primera hora de este jueves fue enviada a la cárcel del circuito judicial de Tuluá la personera de este Municipio, Beatriz Eugenia Jiménez González. La decisión fue tomada por el juez cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías, tras siete horas de una audiencia en donde a la representante del Ministerio Público le imputaron los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración indebida de contratos. Entre tanto, a la contadora y pagadora de esa dependencia, Sonia España Loaiza, le concedieron el beneficio de casa por cárcel, por ser madre de dos menores de edad.Los hechos, materia de investigación, están relacionados con un trámite fraudulento en un contrato para la reparación de 15 bancas del parque de la Sagrada Familia, ubicado en el barrio Nuevo Alvernia de Tuluá.En la audiencia pública, el fiscal, Juan Carlos Gallego, les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, tras cinco denuncias que fueron formuladas por un ciudadano tulueño.Las funcionarias fueron investigadas por haberle adjudicado un contrato por $7,5 millones a Pablo Cristian Rodríguez Martínez, un humilde carpintero de Tuluá a quien se le encargó la reparación de las 15 bancas de ese parque.De acuerdo con el testimonio que el contratista rindió en la Fiscalía, de esa cantidad de dinero solamente recibió la suma de $ 600 mil en pago por sus servicios más $ 900 mil para compra de materiales.Otro de los agravantes, es que a su nombre giraron otro cheque por valor de tres millones quinientos mil pesos que cobraron en el banco Caja Social, dinero que le fue entregado a las funcionarias, “tal como se lo dieron en el banco”.En su declaración, Rodríguez Martínez manifestó que unos documentos que le mostraron en la Fiscalía, no correspondían ni a su letra ni a su firma. En la audiencia, se dijo además que la abogada, Luz Piedad Ruíz, funcionaria de la Personería de Tuluá, se negó a ser la interventora de la obra, como se lo solicitó la titular del despacho, debido a que la funcionaria consideró que la naturaleza de la Personería no era la de ejecutar obras públicas.