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Superintendente de salud, Fabio Aristizabal. | Foto: Foto: Colprensa

MINISTERIO DE SALUD

Supersalud continúa vigilancia de Coomeva EPS y dice que debe capitalizarse

Esta semana la Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno la intervención de Coomeva EPS por el amento de las quejas, por inadecuada prestación del servicio, y el incremento de las deudas.

6 de septiembre de 2019 Por: Redacción de El País

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, afirmó que Coomeva EPS tendrá que capitalizarse si quiere salir adelante en el sector y continuar prestando los servicios.

Esta semana la Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno la intervención de Coomeva EPS por el amento de las quejas, por inadecuada prestación del servicio, y el incremento de las deudas, que según el ente de control superan los $2 billones, cifra que fue cuestionada por la EPS, pues de acuerdo con sus cuentas las obligaciones suman $1,1 billones.

El Superintendente reconoció que hay preocupación por la situación de esta EPS, pues “han tenido un evidente deterioro, aumentando las peticiones y quejas, tienen un problema financiero grande. Sabemos que están esperando ese acuerdo de punto final con los recursos que llegan del Estado, pero creo que la empresa también tiene que estar pensando en la capitalización que necesitan si quieren salir adelante”, aseguró el funcionario.

Agregó que la Superintendencia está pendiente de lo que suceda con Coomeva EPS, así como con otras entidades del sector que viven situaciones similares.

Lea además: Coomeva EPS le respondió a la Procuraduría luego de que pidieran su intervención por deudas

Se estima que las deudas del sector salud suman unos $16 billones, de las cuales el Estado pagará alrededor de $7 billones, el resto de recursos los deben poner las EPS y “Coomeva es de las EPS que tienen que capitalizar. Hasta donde tenía entendido había tres o cuatro oferentes, después se quedaron con uno y hasta el momento no hay radicada autorización de capitalización, seguiremos en vigilancia especial y con la ruta trazada por la Superintendencia”, destacó Aristizábal.

Al respecto, las directivas de Coomeva EPS dijeron que los accionistas han realizado la capitalización más importante del sector en Colombia con $300.000 millones.

La Procuraduría insistió ayer en que las deudas de Coomeva EPS si suman $2,2 billones y las desglosó así: $907.220 millones por prestación de servicios; $234.078 millones de insumos y medicamentos; $63.091 millones administrativos y otros por $1 billón.

Estas EPS, que tiene a la fecha cerca de 2 millones de afiliados, 655.000 están en el Valle, ha informado que igualmente el Estado les adeuda casi $1 billón.

Según la Procuraduría, en los primeros 7 meses del año se han registrado 42.702 quejas, denuncias y reclamos contra Coomeva EPS, mientras que en 2018 esa cifra fue de 60.824, lo que significa que en promedio al mes fueron 5068.

En su mayoría las quejas están relacionadas con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.

655 mil afiliados tiene Coomeva EPS en el Valle del Cauca y cerca de 2 millones de usuarios en todo el país.

Precisamente la Supersalud emitió recientemente una medica cautelar contra la EPS para proteger a los pacientes de alto costo.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que la gobernación está atenta para brindar el acompañamiento a Coomeva EPS para garantizar el servicio de sus usuarios. La funcionaria precisó que cualquier medida que se tome no afectará la prestación de los servicios, pero sí afectaría a Coomeva como empresa. “Nosotros como vallecaucanos quisiéramos la salvación de la entidad”, afirmó.

En caso de que la compañía fuera intervenida dijo que se pondría un gerente externo para que administre a la EPS “y los usuarios de Coomeva seguiremos esperando nuestra atención con calidad y oportunidad, pero no hay necesidad de cambiarse de prestador, ni va a haber una liquidación, están hablando de una intervención administrativa”, explicó.

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