Embargo del salario: si no realiza este trámite clave, le seguirán descontando dinero así haya pagado la deuda

El embargo del salario es una de las medidas judiciales que más inquietud genera entre los trabajadores en Colombia, especialmente cuando, pese a haber pagado una deuda, los descuentos continúan apareciendo en la nómina.

Esta situación, que suele generar confusión y malestar, responde a un procedimiento legal que muchos desconocen y que va más allá del simple pago de la obligación.

En el país, el embargo salarial se aplica como una garantía para los acreedores cuando un ciudadano incumple de manera reiterada sus compromisos financieros. Esta medida solo puede ser decretada por un juez, tras el inicio de un proceso ejecutivo, y tiene como finalidad asegurar la recuperación del dinero adeudado mediante la retención de una parte del salario del trabajador.

Una vez se emite la orden judicial, esta es enviada directamente al empleador, quien está obligado por ley a efectuar el descuento y consignarlo en una cuenta de depósitos judiciales.

La legislación colombiana establece límites precisos para este tipo de embargos. Según el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario únicamente puede ser embargado cuando supera el salario mínimo legal vigente, que para el año 2026 se fijó en $1.750.905.

Incluso en estos casos, solo el excedente sobre ese monto puede ser retenido y hasta una quinta parte. La norma contempla una excepción en los procesos por cuotas alimentarias, en los que el embargo puede alcanzar hasta el 50 % del salario.

Pese a estas reglas, una de las dudas más frecuentes surge cuando el trabajador logra pagar completamente la deuda, pero el descuento persiste. En ese sentido, existe la percepción de que el embargo se levanta de forma automática una vez el acreedor recibe el dinero; sin embargo, esto no ocurre en el ámbito judicial.

Pues aunque el deudor cuente con un paz y salvo, la empresa no puede suspender la retención si no recibe una orden expresa del juzgado que decretó la medida.

Esto se debe a que, mientras para el acreedor el proceso finaliza con el pago, para el trabajador solo termina cuando el juez ordena formalmente el levantamiento del embargo. Dicho levantamiento requiere un trámite administrativo y judicial que debe ser solicitado ante el despacho que conoce el caso, generalmente a través de un abogado.

El procedimiento consiste en presentar un memorial de terminación del proceso por pago total, junto con las pruebas que acrediten que la obligación fue saldada. Tras verificar la información, el juez emite un auto levantando las medidas cautelares y envía el oficio correspondiente al empleador para que cesen los descuentos.

Este trámite puede tardar aproximadamente 30 días hábiles, dependiendo de la carga laboral del juzgado. Si el trabajador no adelanta la solicitud, el embargo continúa vigente y el dinero seguirá siendo retenido de manera indefinida, quedando consignado en cuentas judiciales y dificultando su posterior recuperación.

Por esta razón, expertos advierten que pagar la deuda es solo una parte del proceso. Para proteger efectivamente el salario, es indispensable cumplir con el trámite legal que permita al juez ordenar el levantamiento del embargo y evitar que los descuentos continúen afectando el ingreso del trabajador.