Petro frena la obra más estratégica del Valle: Vía Mulaló - Loboguerrero sigue en el limbo

Columna de opinión, Edwin Maldonado

Hay una obra clave para el Valle y el suroccidente que hoy está bloqueada por decisión política del presidente Gustavo Petro: la vía Mulaló–Loboguerrero. Se trata de un proyecto de 32 kilómetros que fue adjudicado en 2015 por $1,5 billones y que, a la fecha, es el único de cuarta generación (4G) que no ha iniciado fase de construcción. Esta vía reduciría en 52 kilómetros y una hora el trayecto entre Cali y Buenaventura, más del doble de lo que logró el Túnel de La Línea, que apenas acortó 21 kilómetros.

Es una obra estratégica para la logística, el comercio exterior, el turismo y el desarrollo regional. Representa una inversión de $2,6 billones, de los cuales cerca del 70 % se destinarían a la compra de insumos nacionales. Generaría 1800 empleos directos, reduciría en 30? % los costos logísticos, mejorando nuestra competitividad exportadora y traería más de $25.000 millones en inversión social y ambiental concertada con las comunidades.

Según cálculos técnicos, su impacto sería del 0,6 ?% al 0,9?% del PIB regional por año durante los cinco años que duraría la obra. Es, sin duda, el proyecto de reactivación más importante del Valle. Pero, en lugar de destrabarla, Petro la sabotea públicamente. En consejos de ministros ha dicho que se giraron “$270 mil millones para una concesión que no existe”, que el contrato busca “pagarle a Sarmiento”, y que “Sarmiento debe devolver $2 billones al pueblo”, como si el dinero estuviera ya en manos del concesionario. Todo eso es falso.

El contrato está vigente desde 2015, con licencia ambiental aprobada en 2021, tras años de gestión y presión de las fuerzas vivas del Valle. Cuenta con recursos garantizados por vigencias futuras.

Hoy hay $2,2 billones en una fiducia controlada por la ANI: $1,8 billones corresponden a los aportes del Gobierno y $400 mil millones a rendimientos. El proyecto sigue en fase de preconstrucción. La pandemia, la inflación y la devaluación encarecieron insumos, por lo que el concesionario pidió un reajuste.

Un peritaje técnico avaló $415 mil millones, aunque el concesionario pedía más. El tribunal arbitral negó en 2023 la terminación del contrato por no haber fuerza mayor. Hoy no hay acuerdo entre el concesionario y la ANI, y el Gobierno no ha dispuesto los $500 mil millones faltantes. Si Petro decide liquidarlo, el Estado tendrá que pagar $700 mil millones en compensación, más que lo que valdría hacerla y el Valle perderá su obra más estratégica. Lo grave es que, más allá del discurso anticorrupción, el Presidente no busca eficiencia: quiere liberar $1,5 billones para gastarlos en otros departamentos.

Su narrativa es engañosa: convierte la defensa del patrimonio público en una pelea ideológica contra un empresario. Pero el resultado es claro: castigar al Valle del Cauca por cálculo político. Esta obra no le pertenece a ningún contratista, pero tampoco al capricho del presidente. Le pertenece a la región y al país. Y debemos estar unidos para exigir el respeto y la infraestructura que merecemos.

@edwinhmaldonado