Impuesto al patrimonio: crece rechazo al tributo que deben asumir desde abril las empresas colombianas

El presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, volvió a encender las alarmas por los nuevos impuestos que tienen que asumir una gran parte de las compañías en Colombia.

El Gobierno Nacional, en sus decretos de emergencia económica, impuso nuevos tributos, entre ellos el impuesto al patrimonio que deberán pagar las empresas desde este 1 de abril.

Ante esto, Mac Master dijo este lunes que si la Corte Constitucional no suspende el decreto que crea el impuesto al patrimonio, se estará generando un inmenso perjuicio a la actividad empresarial que ya cuenta con una de las mayores cargas tributarias del mundo y que adicionalmente no había incluido en sus proyecciones financieras del año este impuesto adicional.

Según el ejecutivo, el Gobierno además cambió el año pasado las reglas de juego y obligó a las compañías a pagar los impuestos correspondientes a este año en forma anticipada, “muchas de las cuales tendrán que salir a vender activos para poder atender esta nueva exigencia del Gobierno que además no ha hecho mucho por atender la emergencia invernal y cuyo costo es significativamente menor a lo que recaudará Hacienda”.

Añadió que el Gobierno -mediante 4 emergencias económicas- lo que ha buscado es aumentar el recaudo y “los recursos que ya sabemos se están gastando a manos llenas en mecanismos por fuera de la Ley de contratación. Este impuesto lo pagarían los que siempre pagan impuestos, que son los únicos a quienes el Estado persigue”, insistió.

El Estado pretende recaudar con los decretos de emergencia económica alrededor de $8,6 billones. Sin embargo, según la Contraloría General de la Nación, no hay una justificación clara de que esta sea la suma que requiere para atender la emergencia, ni se cuenta con datos específicos sobre cuál será el uso de este dinero.

Ante esto, la Contraloría hizo cuatro alertas: los vacíos en la estructuración y en la ejecución de estos decretos porque no hay un modelo financiero, la reorientación de recursos que plantean los decretos, lo que puede afectar el presupuesto de entidades y empresas, la falta de articulación con los gobiernos locales y el censo de damnificados.

De igual manera, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, ha hecho la misma advertencia.

“Si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026 miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país", escribió en la red social X.

Las empresas que tendrán que pagar el impuesto al patrimonio son las que tengan un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026. Esto equivale aproximadamente a unos $10.474 millones.