Las cuatro alertas que hizo la Contraloría por vacíos en los decretos de emergencia económica

El Gobierno Nacional expidió 18 decretos soportados en la emergencia económica por la situación invernal que ha vivido el país. Con estas normas, establecen, entre otras cosas, nuevos impuestos, con los que se espera recaudar hasta $8,68 billones.

La Contraloría General de la República revisó estos decretos y presentó varias alertas por vacíos encontrados en varios temas como la reorientación de recursos, la manera como se invertirán los impuestos que se recauden y la falta de soportes que expliquen la necesidad de recaudar ese dinero.

Yenny Lindo, delegada para la Economía y las Finanzas de la Contraloría General de la República, en entrevista con El País, explicó cuáles son esas principales alertas alrededor de la emergencia económica.

¿Qué encontraron en los decretos de emergencia revisados?

La Contraloría General analizó los 18 decretos de emergencia económica y social que emitió el Gobierno con ocasión del frente frío y su impacto en 8 departamentos y estamos alertando varios aspectos.

Lo primero es que encontramos vacíos en la estructuración y en la ejecución de estos decretos porque no vemos el modelo financiero, el modelo presupuestal con el cual el Gobierno justifique que requieren los $8,6 billones.

Esto es importante porque nosotros con esa información es que podemos hacer vigilancia y control. Si no tenemos el modelo financiero no tenemos cómo hacerle seguimiento a los recursos que se van a recaudar.

El Contralor General ha sido muy insistente en que para ser más transparentes necesitamos tener la trazabilidad de los recursos, y eso significa saber cuánto esperan recaudar, por qué, cómo lo van a recaudar, hacia qué rubros y programas se van a dirigir los recursos y de qué forma se van a ejecutar y eso no está claro.

La segunda alerta que hicimos se refiere a la reorientación de los recursos. Se van a reorientar unos recursos de unos subsidios que se tienen, por ejemplo, en el sector minero energético. Eso puede terminar afectando alguna estabilidad financiera de las empresas que prestan la energía en el Caribe.

De otro lado, también se piensa reorientar recursos del sector salud y de vivienda. Nosotros lo que estamos alertando es que estas reorientaciones no vayan a dejar de financiar programas ya existentes en el presupuesto de la Nación o que vayan a poner en riesgo a las empresas.

¿Qué otras preocupaciones tienen frente a los decretos?

La tercera alerta, es la articulación con los gobiernos locales. En los decretos no es claro cuánto es el recurso que se le va a destinar a las gobernaciones y alcaldías para ejecutar, porque estos son los primeros respondientes para atender una emergencia.

Entonces, no se deja claro, de todo lo que se va a recaudar, cuánto será transferido a las entidades territoriales para que ellos también puedan atender la emergencia.

Lo otro, los damnificados, es decir, que el censo que se vaya a registrar como damnificados sean realmente los afectados. Y para esto implica que el Gobierno Nacional tiene que trabajar articuladamente con las alcaldías y gobernaciones.

Tenemos unos antecedentes de emergencias anteriores, esos censos han tenido o han sido sujetos de investigaciones posteriores, porque han terminado dándoles subsidios y ayudas a personas que no eran damnificadas.

Se requieren censos bien rigurosos y de la mano con la institucionalidad local, hay que darle la mayor formalidad posible a la entrega de estos subsidios. Y más en este año electoral que nos pone a nosotros a ser más rigurosos con el ejercicio y vigilancia y control del presupuesto.

Gremios y empresas tienen preocupaciones por el impacto de esos decretos de emergencia, ¿cree que habrá un pronto pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esto?

Ellos están haciendo un control de legalidad automático. Esto implica que la Corte va a revisar todos y cada uno de estos decretos y van a empezar a emitir sus decisiones de constitucionalidad o no de cada uno de estos.

Esperamos, y según los tiempos, luego de la semana del 6 de abril, que la Corte Constitucional inicie las audiencias, precisamente, entre los que va a escuchar es a este organismo de control para que nos pronunciemos. Por ello, necesitamos esta información de parte del Gobierno Nacional para que nosotros podamos pronunciarnos ante la Corte, y a su vez la Corte poder emitir su decisión de constitucionalidad sobre estos decretos.

¿Cuándo esperan tener respuesta del Gobierno?

Estas inquietudes ya están en manos del Gobierno Nacional, más puntualmente del Ministerio de Hacienda y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Esperamos que en los próximos días puedan darnos respuesta y así mismo nosotros estar preparados para pronunciarnos ante la Corte Constitucional.

La idea es que podamos tener los soportes que expliquen satisfactoriamente la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados.